En el marco del 53 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, magistrados de esta instancia de justicia internacional llegan a Honduras en una visita “in situ” a la comunidad Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida. Son 28 violaciones a los derechos comunitarios que se han dado en esta comunidad donde el pueblo que se resiste al despojo ha vivido en estas tierras por más de 200 años. Este pueblo ha llevado el caso a instancias internacionales por la irresponsabilidad del Estado a responder a sus denuncias, según dirigentes comunitarios.

El caso del Triunfo de la Cruz fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la élite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad.

El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Las dos comunidades ubicadas en los norteños departamentos de Atlántida y Colón, asistieron el año pasado a audiencias efectuadas en San José Costa Rica y Asunción Paraguay en los meses de mayo y septiembre, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido confrontando durante décadas, las que han colocado en peligro la sobrevivencia de las comunidades, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que se han vistos expuestas.

Alfredo López, vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), hace diez años llevó su caso ante la CorteIDH y se logró una sentencia que a una década ya necesita revisión. López estuvo preso injustamente por 6 años, criminalizado por su lucha contra el proyecto turístico Marbella que había despojado a la comunidad Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras. Hoy en este sitio, donde Marbella despojó a los garífunas, de nuevo funciona otro proyecto turístico llamado “Hisopo Resort” aun cuando desde 2006 por esta sentencia del caso Alfredo López vrs El Estado de Honduras, es prohibido celebrar contratos de venta de tierras en esta comunidad.

“El conflicto ha escalado hasta niveles muy peligrosas de manera que la preocupación fundamental es que se ha contratado vigilantes armados garífunas para que se de violencia entre garífunas, una situación que no habíamos visto antes. Es tan delicada la situación que la Corte ha decidido es ir a esta zona de Hisopo Resort donde para construir destruyeron el medio ambiente, los yucales de las compañeras nuestras de la cooperativa El Esfuerzo, es un. La fiscalía les decomisó los tractores pero al día siguiente volvieron a trabajar”, dijo con preocupación Alfredo López, quien el día que la maquinaria entró al territorio garífuna recibió intimidaciones de los trabajadores.

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Inés García, mujer garífuna de la cooperativa El Esfuerzo dice con dolor que se sienten amenazadas todas las familias de Triunfo de La Cruz porque ahora ni sobrevivir se podrá sin sus tierras para cultivar y eso quieren que los magistrados de la CorteIDH lo tengan muy presente.

“No es posible que vivamos a 218 años en la comunidad sin derecho. No es posible que los que tengan dinero nos quieran sacar de aquí como que no somos personas. Los que tienen dinero creen que tienen derecho a vivir a la orilla de la playa pero por herencia nos toca a los garífunas. Queremos hacerle ver a la corte interamericana que tenemos derecho. Cooperativa el Esfuerzo tenía 22 manzanas de trabajo de mujeres. Trabajar la tierra es lucha y sacrificio. Lo que hemos hecho es denunciar, denunciamos en el medio ambiente, fuimos a la fiscalía, a veces no nos paran coco. Hasta ahorita hemos ido a parar el trabajo de estas máquinas”, explicó García.

Así es la comunidad:

Por su parte, Cesar Benedit, locutor de la radio comunitaria Faluma Bimetu asegura que son alrededor de 6 mil jóvenes garífunas organizados en la defensa del territorio. Benedit asegura que esta lucha es esencialmente joven ya que es para que las nuevas generaciones tengan acceso a la tierra y la cuiden y defiendan siempre.

“Cuando llegamos a Costa Rica, el Estado alegó muchas cosas que dicen que han apoyado a esta comunidad, se habló mucha mentira de parte de Estado. La expectativa es que los magistrados que van a venir miren la realidad. Estamos en un país donde los derechos de los humanos y no digamos los derechos de los negros e indígenas son violentados todos los días. Los mayores ya van de retirada y los problemas continuarán por eso los jóvenes debemos seguir peleando. Si la corte sentencia al estado, la lucha sigue, tenemos que animarnos porque es una batalla muy fuerte”, expresó.

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El caso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el 4 de abril de 2013, el caso 12.548 a la  Corte Interamericana, después de más de una década de haber sido introducida ante esa instancia una petición por varias comunidades Garífunas y la OFRANEH, ante los despojos sistemáticos y violaciones a sus derechos humanos.

Según el portal de Ofraneh: Mientras Honduras sucumbe en una espiral de violencia, el pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas  nos encontramos  a punto de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada (CPLI). “Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la elite de poder y el capital transnacional”, indicó al respecto Alfredo López, uno de los líderes comunitarios de Triunfo de la Cruz  y vice coordinador de la OFRANEH.

El caso de Triunfo de la Cruz, al igual que el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra, forman parte de la estrategia de defensa jurídica desplegada por la OFRANEH para frenar la desterritorialización promovida por el Estado de Honduras, el cual se apresta  a subastar al capital extranjero el territorio ancestral bajo la modalidad de las  “ciudades modelo”.

“Como defensores de derechos humanos aquí hay un compendio de leyes que quedan en papel mojado. El artículo 346 de la constitución dice que el Estado tiene que dictar medidas de protección a pueblos culturalmente diferenciados, pero hacen lo contrario, nos restringen el libre acceso a la pesca, a la búsqueda de nuestro alimento con leyes secundarias. Desde 2006 a la fecha tenemos medidas cautelares en Triunfo de la Cruz, hay prohibición de celebrar contratos dentro del territorio pero no se cumple. Esas son las cosas que suceden en Honduras, por eso debemos estar en guardia para poder defender y que al final la seguridad jurídica que debe permanecer aquí. El derecho colectivo debe prevalecer”, dice López.

Triunfo de la Cruz junta 28 casos en uno y en Punta Piedra es uno solo en que los militares invadieron el territorio llevando campesinos y estos han vendido a narcotraficantes, según Alfredo López. “Primero había 14 millones para reubicar la comunidad Rio Miel pero esa plata desapareció, 10 años después se hace un avalúo a 28 millones pero ya campesinos no hay allí sino que narcotraficantes y estos no quieren vender”, explicó.

Todas las comunidades garífunas están amenazadas, son 46 en todo Honduras, viviendo en las costas especialmente en el atlántico.

Angel Castro, miembro de la comunidad asegura que “se puede exigir al Estado que cumplan las leyes pero son  mismas autoridades son los que incumplen las leyes. Queremos que los jóvenes tengan esta tierra, cuando los garífunas llegaron a Honduras 218 años atrás nadie habitaba las costas, los españoles desplazaron a los indígenas a las montañas. Los garífunas no tuvieron conflictos porque nadie vivía aquí. No vamos a permitir que nos desalojen de aquí. Tela era Triunfo de la Cruz y nos la quitaron. El mismo gobierno toma las tierras para comprometerlas y destruirnos”, cuenta.

Son alrededor de 11 mil personas las que viven en Triunfo de la Cruz y están siendo afectadas de forma que la migración hacia Estados Unidos en los últimos años también ha aumentado. La Ofraneh sostiene que es una nueva diáspora a la que se enfrenta este pueblo al ser despojado de las costas, que para el Estado y  la empresa privada solo tienen valor económico.

El primer encuentro de los magistrados de la CorteIDH se hará con miembros de la comunidad, autoridades municipales y representación del Estado en Tela, Atlántida en las antiguas instalaciones de la Tela Rail Road Company en esta ciudad.