En medio de la violación del derecho a informar a los trabajadores y trabajadoras y el autoritarismo de las bancadas afines al gobierno de Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional aprobó reformas a la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

Una de las reformas -artículo 36- establece que los recursos económicos del RAP que no sean utilizados en el rubro habitacional pueden ser invertidos en el sistema financiero nacional en títulos valores emitidos por el gobierno y supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Esa reforma constituye, en opinión de la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, el comienzo de otro acto de corrupción que nuevamente afecta a la clase trabajadora hondureña: “le están cayendo como aves de rapiña  a los pocos fondos, a las pocas instituciones que han quedado con cierto grado de liquidez y que es un dinero que no es del gobierno; no es desde ahora que vienen con esa intención, desde que estuvimos aprobando la Ley de Protección Social ya se veía venir esta jugada de caerle a los fondos del RAP”.

Gutiérrez agrega que “es una barbaridad” lo ocurrido en el Congreso Nacional, ya que quedó claro que no hay democracia ni respeto a las decisiones de las mayorías; la reforma fue aprobada con dispensa de dos debates, con 43 votos a favor y 35 en contra, esa votación nunca fue reflejada en las pantallas del hemiciclo legislativo.

Según lo establecido en las reformas, las inversiones que se realicen deberán garantizar seguridad, rentabilidad y liquidez de acuerdo a los términos y condiciones que se establezcan en el respectivo reglamento de inversiones.

Sin embargo, David Reyes, diputado de la bancada del Partido Anticorrupción, manifiesta que no hay buenas intenciones del gobierno nacionalista ya que no existe un verdadero plan de ahorro para los más de cinco mil millones de lempiras que se pretende poner a disposición de la administración de Juan Orlando Hernández.

“Tuvieron que haber traído un plan de inversión antes de caerle a los cinco mil millones que son ahorros de los trabajadores, el Estado no tiene ni un cinco ahí. Pudimos haber aprobado conociendo los riesgos, los proyectos y las utilidades que estos iban a tener en beneficio de los trabajadores, pero ellos dicen que lo van a invertir en salud, en infraestructura, en energía  y en bonos del gobierno, qué sabemos nosotros de eso”, declara Reyes.

Reyes señala que las reformas son ilegales porque la recién aprobada Ley Marco de Seguridad Social establece que los fondos del RAP “no se debían tocar” hasta que existiera la Ley de Administración de Fondo de Pensiones: “esa ley no la hemos discutido, entonces esto es una voracidad, una chabacanada con la que ha actuado el Partido Nacional”.

“Dirigentes” obreros se prestan a las jugadas nacionalistas

El presidente del RAP y dirigente obrero, Daniel Durón, aseguró ante el pleno de diputados y diputadas que el proyecto de reformas fueron socializadas con los trabajadores y trabajadoras y el Consejo Económico Social (CES).

Contrario a las aseveraciones de Durón, Bartolo Fuentes, integrante de la bancada de Libertad y Refundación (LIBRE), manifestó que consultó con los obreros de la zona norte del país y nadie está enterado de esto.

A criterio de Fuentes los  dirigentes obreros “se prestan a las jugadas sucias” de los gobiernos en contra de los trabajadores y trabajadoras: “el dinero no es de ellos. El día de mañana vamos a tener en esas bóvedas bonos, papeles con un sello y una firma, no va haber dinero. Daniel Durón y José Luis Baquedano no representan la voz de los trabajadores”.

Oposición no “entendió” el proyecto

El decreto de reforma que fue enviado desde el Poder Ejecutivo también establece que quedan sujetos a inversión los recursos del RAP que provengan de los ahorros por compensación sobre aportaciones y sus intereses incluyendo los excedentes cumpliendo con las normas que establezca la CNBS.

Carlos Madero, titular de la Secretaría del Trabajo, argumentó que las reformas se dan porque que “todos los beneficios que otorga el RAP, como prestamitos rápidos, tenemos el caso particular de los trabajadores del Grupo Continental, ahorita que no pueden tener acceso a un mecanismo de financiamiento porque la ley mandaba una cuenta individual que prácticamente confiscaba esos fondos”.

Por su parte, el diputado liberal Yuri Sabas manifestó que los “compañeros de LIBRE no entendieron” de que se trata el proyecto: “la reforma es que el ciudadano aportante pueda disponer de sus recursos, es de ellos. Los empleados vienen a firmar a través de sus representantes, es un acuerdo tripartito”.

Gabriela Núñez, jefa de la bancada liberal, contradice a su compañero Sabas: “nosotros habíamos apoyado lo que en forma tripartita había aprobado el gobierno con los trabajadores y el sector privado, pero en el proyecto como tal se eliminó una frase que decía que los excedentes o los intereses que se generen serán distribuidos individualmente entre los beneficiarios, que en este caso son los trabajadores, con esto están desacreditando el sistema del RAP”.

Congreso Nacional violenta lo estipulado en el Convenio  de la OIT

Tras la aprobación de las reformas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió un comunicado en el que manifestó que el  Congreso Nacional violentó lo estipulado en el Convenio  No. 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -Consulta Tripartita- ratificado por Honduras y despojó arbitrariamente a los trabajadores cotizantes al RAP del derecho a gozar del producto de sus ahorros acumulados durante tantos años.

Además el COHEP reafirmó que la reforma otorga “plena potestad a los dirigentes del RAP” a disponer de aproximadamente de CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS, “porque los únicos dueños de estos fondos son los trabajadores cotizantes”.

El Régimen de Aportaciones Privadas cuenta, aproximadamente, con 230 mil trabajadores y trabajadoras afiliados y con un capital de más de 16 mil millones de lempiras.