Las fuerzas políticas tradicionales en Honduras continúan consensuando para manipular la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), prevista para los próximos meses y de esa manera mantener las cuotas de dominio en ese poder del Estado.
En el Congreso Nacional ninguno de los partidos políticos tiene mayoría, por lo que desde el año anterior están haciendo los cabildeos al más alto nivel para escoger los 15 magistrados que reemplazarán a la actual Corte por un período de siete años (2016-2023).
“Es fuera del Congreso Nacional donde se escogen a los magistrados de la CSJ, en este caso como siempre ha sucedido el partido en el poder (Partido Nacional) quiere 8 magistrados y el partido Liberal se quedaría con siete”.
Lo anterior lo indicó el diputado Bartolo Fuentes, del Partido Libertad y Refundación, Libre, quien además dijo que para lograr el apoyo de otros partidos políticos en el Legislativo se estaría reformando la ley para elegir a magistrados suplentes y estos se les entregarían por el apoyo.
Queda poco tiempo
El tiempo avanza y la junta nominadora deberá estar juramentada e instalada a más tardar en septiembre del presente año, pero antes, la directiva del Congreso deberá formular las invitaciones a las organizaciones integrantes.
La CSJ es el máximo órgano jurisdiccional y está conformado por quince magistradas y magistrados que son electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina no menor de tres por cada uno de los magistrados por elegir; es decir, 45 profesionales del derecho.
“Se han tardado en elegirla porque tienen un gran problema, y es que es que no tienen los 86 votos que se necesitan. Sin embargo están haciendo todo lo posible para lograr el control de la nueva CSJ y para eso van a comprar voluntades de los diputados que no están alineados”, indicó el diputado Bartolo Fuentes.
Alertó además que el dinero jugará un papel fundamental para lograr el propósito de los grupos de poder. “Estoy seguro que por cada voto a su favor pagarán hasta 10 millones de lempiras. Nosotros en nuestra bancada estamos seguros de lo que queremos, ahora que dentro de los diputados de Libre hay 5 que podían acomodarse a los intereses de los partidos tradicionales”, indicó el parlamentario.
Además recalcó que en el Congreso ya es una regla el manipuleo político que prevalece en el proceso de selección de los magistrados a la CSJ, quienes en su totalidad han llegado a ocupar tan altos cargos promovidos por las cúpulas del partido en el poder y de los grupos empresariales que financian las actividades políticas en el país.
Justicia para pobres
La aplicación de «la justicia es solo para los descalzos», dijo en una ocasión el beato salvadoreño monseñor Romero de las Américas, en una abierta crítica al sistema de justicia. Esta frase cae como anillo al dedo a nuestro país donde la serpiente de la justicia no alcanza a quienes calzan botas.
En Honduras a diario los medios de comunicación informan de la apertura y conclusión de juicios a personas de escasos recursos económicos, mientras que aquellos allegados al poder, pertenecientes a las clases económicamente poderosas del país y a las élites políticas pueden caminar libremente por las calles sin el más mínimo temor de ser juzgados por sus acciones reñidas con la ley.
Es así que defraudadores del fisco nacional y violadores de los derechos humanos, entre otros, siguen siendo parte de las estructuras de poder, mientras campesinos e indígenas son juzgados y encarcelados hasta por el supuesto robo de una gallina.
Urge vigilancia ciudadana
En el marco de la indignación ciudadana por el desfalco de al menos 7 mil millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Coalición Contra la Impunidad (CCI), demanda que la población hondureña exija un mecanismo de vigilancia que observe el proceso de selección de las nuevas magistradas y magistrados de la CSJ.
“Hay que ponerle fin a las maniobras gubernamentales, que son las principales impulsoras de la impunidad en Honduras. El mecanismo de vigilancia deberá evitar que la Junta Nominadora seleccione profesionales con vínculos directos o indirectos a políticos corruptos”, indicó Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia.
Edy Tabora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), indicó que la ciudadanía debe exigir ante del proceso de selección una rendición de cuentas administrativa y penal de los actuales magistrados.
“En el Congreso no tiene que hablarse de la posible reelección de los actuales magistrados porque lo primero que hay que hacer es que rindan cuentas de sus funciones. En segundo lugar es que se tiene que elegir a magistrados a personas honorables para hacerle frente a los casos de corrupción como la del Seguro Social”, indicó Tabora.
Requisitos para ser magistrado
De conformidad con el artículo 309 de la Constitución de la República, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser hondureño por nacimiento; ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos; abogado debidamente colegiado; mayor de 35 años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante cinco años o ejercido la profesión durante 10 años.
El período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es de siete años a partir de la fecha en que presenten su promesa de ley y pueden ser reelectos.
La nómina de candidatos a Magistrados y Magistradas es presentada al Congreso Nacional por una Junta Nominadora que está integrada por:
•Un representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el voto favorable de las dos terceras partes de los magistrados;
•Un representante del Colegio de Abogados de Honduras, electo en Asamblea;
•El comisionado Nacional de los derechos Humanos;
•Un representante del Consejo hondureño de la Empresa Privada (COHEP) electo en Asamblea;
•Un representante del Claustro de Profesores de las Escuelas de ciencias Jurídicas, cuya pospuesta se efectúa a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
•Un representante electo por las organizaciones de la Sociedad Civil;
•Un representante de las Confederaciones de Trabajadores.