El debate sobre la Ley Marco de Protección Social aprobada el pasado mes de mayo del 2015 vive su punto más alto de debate y es que los sectores empresariales, obreros, gubernamentales y populares tienen posturas diferentes en torno a la normativa.

Por una parte el gobierno que dirige el presidente Juan Orlando Hernández promociona la Ley como una de las más importantes y beneficiosas para la población en la que plantea facilitar los servicios de salud, favorecer a los empleados con acceso a jubilaciones y pensiones.

Por otra parte la empresa privada sostiene muchas dudas en torno a la normativa, la que se orienta en si realmente habrá capacidad de cumplir con lo propuesto por el gobierno, mientras que los obreros y movimiento popular califican a la Ley como el punto que privatiza oficialmente la salud pública en Honduras.

Para el doctor y analista político Efraín Fajardo esta Ley es un proyecto que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que cumple con un rol de condiciones de los organismos internacionales.

“Esta ley pertenece a un proyecto de país de los grupos de poder que buscan fortalecer sus negocios en el marco del proyecto neoliberal que plantea privatizar todos los recursos.

La salud, la educación y la protección social significan un gran interés para los grupos económicos poderosos”.

Una ley que privatiza el sistema sanitario

Según representantes de los partidos de oposición en el Congreso Nacional, la Ley Marco del Sistema de Protección Social da luz verde para la creación de gestores o administradores de la salud  de carácter privado y mixto.

El artículo 22, referente a las redes de unidades de servicios salud, establece que “con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro”.

Lo anterior, a criterio de la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, es una forma de privatización de los servicios de salud, que violenta las disposiciones constitucionales que señalan que los servicios de seguridad social deben ser prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-.

“Hay artículos que lógicamente se ven favorables, por ejemplo lo que tiene que ver con protección social; con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la administración de ese sistema de protección social que prácticamente va a caer a manos privadas. Yo puse un ejemplo, lo que está pasando con Proheco – Centros de Educación Comunitaria-, lo pusieron en manos de sector mixto y muchas de esas instituciones se quedaron con la mitad del dinero de los maestros y a estas alturas les deben cinco meses, entonces nosotros no estamos de acuerdo con los procesos de privatización”, dijo Gutiérrez.

El diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Rasel Tomé, denunció en el hemiciclo legislativo que las unidades prestadoras de salud ya tienen nombre y apellido, y afirma que dos de los más grandes grupos económicos del país estarán a cargo de los servicios contratados por el IHSS.

“Lo dije en la Cámara y lo puedo decir ante estos medios, va dedicado a dos grupos: el Grupo FICOHSA que está impulsando Por Su Salud y está adquiriendo hospitales privados, y el Grupo de Seguros Atlántida, entonces esos dos grupos son los que van a tragarse todo el Sistema de Seguridad Social”, detalló Tomé.

Presiones del FMI 

Como detrás de todo enredo político o negocio jugoso hay intereses más grandes, el dirigente obrero Carlos H. Reyes asegura que las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) juegan un papel determinante en el impulso de esta nueva ley.

“Una de las exigencias del FMI para dar al Estado préstamos por 200 millones de dólares anuales, entre otros aspectos, es que resuelvan lo que se refiere a la ENEE y al IHSS. Esos mensajitos lo que le dicen al Estado es que acabe de privatizar estas instancias y todos los servicios de seguridad social, por eso es la urgencia de esa ley”, explicó.

Reyes lamentó que ante este tipo de imposiciones por parte del gobierno, el sector social no tenga capacidad de movilización para revertir estos procesos, por eso asegura que es necesario que las centrales obreras se afiancen y comiencen una campaña en conjunto con todos los sectores sociales y populares del país.

“Tenemos que aprender a ser Estado, a hacer más eficientes nuestras instituciones, no ser cómplices de los ladrones que saquean, a veces contribuimos con la corrupción como empleados del Estado. Con dirigentes sindicales que a veces se ponen de acuerdo con los ejecutivos para aprobar clausulas  onerosas para las instituciones mismas y onerosas para el resto de los trabajadores, vemos casos en que estos directores se llevan millones de lempiras. Queremos un sistema estatal bien organizado”, siguió caracterizando Reyes.

Carlos H. Reyes, sabe que el sistema de seguridad social en el país ha fracasado. Él dice que lo han hecho fracasar a propósito.

En 2001, Reyes participó en el diálogo para reformar la vigente ley del Seguro Social. En ese entonces se cotizaba hasta en 600 lempiras, ese era el techo, es decir, el 2.5% sobre los Lps.600 el trabajador y el patrono 5% sobre Lps.600.

Para Reyes, era imposible sostener una institución así, los trabajadores del IHSS se fueron a una huelga de 45 días, allí se pusieron los techos hasta Lps. 4800,00. En ese entonces, Reyes asegura que la seguridad social estaba quebrada, lograron un techo más alto pero los cambios que querían no sucedieron.

Asimismo considera que estos resultados son producto de una política de desgaste y quiebra de todas las instituciones para después privatizarlas, tal ejemplo lo hace fundamentado en lo que ha ocurrido con la administración de Hondutel, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Empresa Nacional Portuaria, entre otros.

¿Cómo será la privatización?

Pocos sectores se han lanzado a estudiar y analizar a profundidad la Ley Marco de Protección Social, la que plantea reformas profundas tanto al sistema de salud pública y hasta el sector obrero.

Los cambios que se traducen en elementos privatizadores se dan a través de la creación de gestores de servicio que es explicado por el doctor Efraín Fajardo.

“La privatización de la salud es parte de la planificación neoliberal en el país, porque pone el servicio a manos administrativas de las empresas, los bancos y la población deja de disfrutar lo público por lo remunerado.

En pocas palabras esta ley pondrá opciones a la gente, es decir que las personas deberán cotizar mensualmente el paquete de asistencia médica que prefiera, pero bajo la condición que de acuerdo a lo que pague tendrá acceso a la atención básica o avanzada.

Es un menú que la gente tendrá que comprar y es prácticamente la experiencia que ya se hace desde la compra de seguros privados, ahora con esta medida todo estará limitado y privatizado con esta Ley Marco de la Protección Social.

Quienes administrarán los servicios son las unidades prestadoras de salud; es decir la empresa privada y ellos sacarán el máximo provecho dando el tiro de gracia a los centros de atención pública.

La empresa privada viene preparándose desde hace tiempo para esto, para el caso Banco Ficohsa ya compró el Honduras Medical Center para convertirse en una entidad prestadora de servicios y el Banco Atlántida también ya compró la Policlínica que tiene el mismo objetivo.

El gran capital está detrás de estos proyectos de privatización con el contubernio del Estado.

Por su parte Faustino Martínez exdirigente sindical y maestro jubilado habla sobre esta Ley la que caracteriza de la siguiente forma:

“La Ley es la forma de cerrar el descalabro que se le hizo al IHSS, donde luego de quebrarlo pasa directo a privatizarlo.

Esta iniciativa privatiza y limita a la gente para que acceda a atención básica, avanzada y hasta cirugías o tratamientos caros, servicio que en este momento está garantizado aunque en precarias condiciones, pero está al alcance de todos los que cotizan”.

El gobierno sigue vendiendo la iniciativa como el avance más importante de los últimos tiempos, lo cierto es que a partir de esta Ley las limitaciones de acceso a la salud estarán a la orden del día y la conquista de seguridad social alcanzada desde la huelga de 1954 está destinada a la desaparición, cumpliendo uno de los tantos planes que tiene para Honduras.