La incapacidad del Estado de sostener a los hospitales públicos del país abrió el camino a una nueva política de transición en el sistema de salud pública.
La estrategia consiste en implementar un proceso donde el gobierno dejará de administrar diez hospitales públicos y los traspasará a manos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) para que sean ellas quienes dirijan su funcionamiento y financiamiento.
El anuncio fue realizado por la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Salud, Sandra Pinel en el que dijo que el Hospital de San Lorenzo, Hospital La Esperanza, el de Gracias, Lempira y el Leonardo Martínez de San Pedro Sula junto a otros cinco centros se someterán al experimento que busca mejorar la administración y gestión de los hospitales.
La iniciativa fue aprobada después del golpe de Estado, justo en diciembre del 2009 mediante la Ley 286-2009.
El viacrucis de un enfermo
Eran las once de la noche en San Pedro Sula y María Chapas sufría de presión alta, de inmediato llamó a un familiar para que la trasladara al hospital público de la zona.
Afortunadamente el familiar contestó y pudo llevarla al hospital. Ella no tenía un lempira para pagar un taxi a esa hora de la noche.
Al llegar al sitio con la esperanza de ser atendida con prontitud y recibir un tratamiento para bajar su presión arterial vio un escenario que desvaneció su ilusión de inmediato. La sala estaba tan llena como una fila de hinchas del fútbol a punto de entrar a un estadio a ver un juego decisivo de su selección en las eliminatorias mundialistas.
Para rematar, en el centro solo había dos doctores al servicio de la gran demanda de pacientes.
Para salvar su vida y evitar que su presión superará los “190” y así prevenir un derrame cerebral o un paro cardiaco, sus familiares buscaron a un “conocido” que la ingresara a la sala de atención.
Con la suerte que no todos cuentan, porque no tienen “contactos” lograron ubicar a un amigo que es empleado y agilizó su ingreso a consulta y al ser atendida el médico le dijo que: “debe comprar dos medicinas, acá en la farmacia del hospital no hay, así que vaya busque en una farmacia afuera y regrese en dos horas para ver si la presión baja. Hágalo rápido porque su presión está demasiado alta”.
En su desesperado camino por conseguir los medicamentos observó en la Sala de Emergencia a niños llorando por dolor, señores de la tercera edad con fiebre y así a muchas personas que esperaban desde hace muchas horas para ser atendidos.
Al final logró conseguir las medicinas que a sus familiares les costó más de 300 lempiras y logró sobrevivir.
El episodio de María muestra las estrategias que un enfermo debe seguir en el sistema público y también el calvario que viven muchos que sin dinero, ni contactos no pueden acceder a un doctor con prontitud. Mucho menos podrán adquirir los medicamentos gratuitos.
Crisis total
En el sistema sanitario las alarmas están encendidas, el desabastecimiento de medicamentos e insumos generaron protestas en la última semana de abril por parte de los empleados de salud.
Un ejemplo de la calamidad es el Hospital Mario Catarino Rivas, quien hasta la fecha tiene solo un 25% de medicinas.
Otro ejemplo concreto son los pacientes de enfermedades crónicas, específicamente los de Esclerosis Múltiple quienes en el centro tienen más de dos años de no recibir medicinas, porque no forman parte del cuadro básico.
Suyapa Mejía, presidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor dijo a Radio Progreso que ellos no pueden pagar su tratamiento porque mensualmente supera los 65 mil lempiras, cifra que para una persona pobre es inalcanzable.
En medio de esa crisis las autoridades de salud anunciaron esta semana que se perdieron más de 600 millones de lempiras en medicinas producto de vencimiento, situación que ha generado la exigencia de la sociedad civil para que se investigue a los responsables de la situación.
Traspaso a ONG´S: ¿Es la solución?
El fracaso de la administración estatal sobre el sistema sanitario que ha sido ratificado por sus principales autoridades, permite aplicar una nueva estrategia que consiste en desprenderse de su responsabilidad por sostener a los centros médicos y entregársela a las ONG´S.
En palabras de la directora del Hospital Mario Rivas, la doctora Ledy Brizzio el nuevo procedimiento dejará las siguientes ventajas:
“El propósito del gobierno es eficientar el manejo de los hospitales y que las necesidades sean resueltas de forma inmediata y que no tengan que llegar a una instancia a nivel central para que se tomen decisiones importantes.
Es una buena oportunidad para los hospitales porque habrá respuestas administrativas de forma inmediata de contratación, medicinas; es decir se puede tomar decisiones a través de la junta directiva de quien lo maneje”.
Son gestiones compartidas, el Estado a través de un fideicomiso entregará fondos para el hospital, pero las organizaciones administradoras también son gestoras y podrán conseguir fondos para los gastos operativos de los hospitales” finalizó Brizzio.
Por su parte el Presidente de la Junta Directiva del Rivas, el doctor Merlin Fernández dijo que:
“La transición tiene más ventajas que desventajas, porque de una u otra forma permite autonomía para contratar y hacer compras de medicinas”
Asimismo la Subsecretaría de Salud Sandra Pinel declaró a medios de comunicación que: “no importa a quien se los entreguen los hospitales, sean ONG´S o empresas privadas, lo que visualizan es que quien los tome tenga la capacidad de una buena gestión”.
El debate se abre porque la sociedad ve el proceso como el inicio de la privatización.
María Manzano dirigente de las enfermeras en San Pedro Sula acusó al gobierno de buscar implementar un proceso de privatización.
En ese sentido manifestó: “para todo el personal de enfermería esto es una privatización, no estamos de acuerdo con esta medida del gobierno.
Es obligación de todo gobierno darle salud a su pueblo.
El gobierno está haciendo esto porque quieren implementar una privatización de los hospitales que deben ser públicos por derecho constitucional.
Prueba de ello es que seguimos sin medicinas ni insumos para trabajar.
Nosotros tenemos el derecho a protestar y exigir que esto no suceda y defender el derecho de todo el pueblo hondureño”, concluyó.
Merlin Fernández desmintió la caracterización explicando que:
“No es una privatización lo que se hace con esta medida, cuando se habla de privatización es otro concepto, es cuando el Estado se desaparta totalmente y transfiere todo a la empresa privada y este no es el caso
Acá se descentraliza a organizaciones locales que son de servicio que pueden apoyar en el proceso para hacer más efectiva la gestión de los recursos, pero no es un proceso de privatización”.
Pero no todos los profesionales de la medicina piensan como el doctor Fernández, para el caso el médico Efraín Fajardo explicó: “cuando el Estado relega su responsabilidad directa de sostener los centros médicos a otras organizaciones, incumple con su deber y por consiguiente se le violenta el derecho constitucional de recibir salud a la gente.
Mediante eso ya se prepara el terreno de la privatización y el más afectado será el pueblo hondureño”, siguió argumentando.
Por su parte el analista político Allan Núñez retoma la caracterización de Fajardo afirmando que con la nueva disposición el Estado se libra de su responsabilidad de sostener los centros médicos, porque responde a las presiones de los organismos internacionales de entregar todo a manos privadas.
“Hay un proceso de mercantilización de la salud pública en el país que se consolida con esta nueva propuesta de descentralización.
La gente ahora debe comprar todo para ser atendido, desde medicinas hasta insumos, eso es un proceso de privatización indirecta que fortalece la medida hasta concretarla en su totalidad”, puntualizó.
Sobre el costo que la población paga en los hospitales públicos, Merlin Fernández continuó diciendo: “hay una tarifa voluntaria de contribución que se maneja como una cuota de recuperación, eso no es una privatización”.
En el marco de los derechos humanos, el integrante de la Convergencia por los Derechos Humanos en el Valle de Sula, Luis Chévez concluye que: “se va privatizar totalmente la salud, imagínese que nunca se ha contado con un buen sistema de salud y ahora con esta dinámica la situación empeorará porque la gente que no tiene recursos no puede acceder a salud privada.
Hemos perdido la institucionalidad que nos está llevando al caos y que es promovido por los organismos internacionales”.
Futuro inmediato
Con las transiciones el primer paso es conformar juntas administradoras de los hospitales dirigidas por las ONG´S, significa que estas entidades serán las encargadas de contratar personal, gestionar dinero ante los organismos nacionales e internacionales para medicinas e insumos y responder por todo lo que suceda en los centros médicos.
Merlin Fernández dice que una de las desventajas que ve es que: “podría ser que estemos amarrados con normas y procedimientos y que eso se constituya en trámites engorrosos”.
También: “se corre el riesgo que todo el peso de administración caigan en las organizaciones que los maneje, es el riesgo que tenemos, por eso digo que la capacidad de acción depende del nivel de descentralización que se tiene”.
Para el doctor Efraín Fajardo el siguiente escenario es muy latente: “cuando las instituciones no puedan sostener los hospitales, entonces es ahí donde las grandes instituciones empresariales y bancarias saldrán al rescate y bajo el argumento que el gobierno es incapaz de administrar la salud y que también las organizaciones no gubernamentales lo son, entonces vendrán las propuestas de intervención y administración privada de los centros.
Esto no contribuye a garantizar que los centros hospitalarios mejoren, sino todo lo contrario los somete a un proceso de debilitamiento, porque ahora las organizaciones deberán gestionar para sostener los centros y eso es impredecible.
A la gente le quedará alistar dinero, porque para acceder a los hospitales deberá pagar consulta, que ahora la llaman contribución, deberá pagar exámenes, medicinas y todo lo que tiene que ver con la atención.
La meta final de los grupos de poder es llevar esto a la privatización mediante procesos indirectos como ahora son pagos por compra de insumos porque no hay en hospitales, medicinas, entre otros”.
Privatización y destrucción de organizaciones obreras
Desde la implementación del neoliberalismo en el país a inicios de los 90´s con la administración de Rafael Leonardo Callejas inició un proceso de acuerdos y condicionamientos de los organismos internacionales, quienes a través de sus principales estructuras (Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo) pactaron financiamiento a cambio de varias políticas de Estado.
Una de ellas es la aplicación de programas privatizadores que se lleven de encuentro a las instituciones estatales y también que destruyan las organizaciones de obreros que resisten a las medidas.
El analista político Martín García habló sobre el contenido de las políticas neoliberales que forman parte de los proyectos privatizadores que atrapan mediáticamente a las poblaciones con poco nivel educativo y hacen creer que las transformaciones privatizadoras son mejores y por ende se tiende a crear una cultura en la gente de menospreciar lo público.
“El neoliberalismo se interesa en que el Estado intervenga lo menos posible en los servicios públicos, es decir, le interesa que los servicios se vayan privatizando cada vez más, bajo la premisa de que lo privado produce más y mejor.
El problema es que se trata de una competencia injusta y excluyente. Porque en nuestros países no todas las personas tienen las mismas oportunidades en este caso en salud.
Una alternativa a este sistema egoísta es considerar una visión más comunitaria: pensar y sentir que, si a la comunidad le va bien, a mi va bien. Entonces no compito por lo “mío”, sino que colaboro por lo “nuestro”, concluyó García.
En ese contexto el analista Allan Núñez afirma que es un error creer que el proceso que vive la salud pública es aislado.
Él afirma que lo sucedido con la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) no se diferencian de lo que pasa en la actualidad con el sistema sanitario.
“Estos procesos que se han implementado a nivel de las organizaciones estatales donde se han descentralizado y tercerizado responden a una política de ataque a la clase trabajadora, que es parte de las exigencias de los organismos internacionales como parte de la implementación del neoliberalismo en la región”
En su análisis manifiesta que estas instituciones también fueron sometidas a un mecanismo de transición y tercerización de servicios; es decir que el Estado dejó de administrarlos para pasarlos a la empresa privada.
Asimismo se refiere a que las políticas van dirigidas a la privatización pero también a un ataque sistemático a la clase obrera.
“Los trabajadores y trabajadoras también se verán afectados porque se deberán regir a los fundamentos de contrato que impongan las organizaciones administradoras y ya no existirán los contratos de plazas permanentes, significa que con esa medida también se afecta directamente a la clase trabajadora.
Por lo tanto se limitará la libre organización sindical y aparte de privatizar los servicios de salud pública esto será un ataque directo a todo intento de organización laboral que pretenda no solo defender sus derechos sino la salud pública y de calidad para las personas”.
Intentos de oposición
Las medidas han generado acciones de resistencia, tal es el caso de La Esperanza, Intibucá donde varias organizaciones se han opuesto a la descentralización del Hospital Enrique Aguilar Cerrato.
Eva Sánchez integrante de la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, afirma que ellas no comparten la propuesta por muchas razones.
“Nosotras nos oponemos, porque se habla que con esa transición la salud sería auto sostenible eso indica que el centro debe ver cómo consigue el dinero para su funcionamiento y eso no es correcto.
Eso significa que deben buscar la forma para obtener ingresos mediante cobros para comprar medicinas, insumos, exámenes de laboratorio, entre otros servicios. Por ahora el gobierno tiene abandonado los hospitales, es incapaz de sostenerlo por eso busca iniciar este proceso para luego privatizar los servicios”.
El defensor de derechos humanos Luis Chévez cree que: “nos queda organizarnos y movilizarnos en contra de las medidas privatizadoras que se están dando en el país”.
“Se debe hacer un llamado a todas las organizaciones para crear una agenda en común de lucha en contra de todo esto que sucede”.
Mientras que Allan Núñez comparte que: “los sectores populares deben organizarse pronto y salir en conjunto a las demás demandas a protestar en defensa de los hospitales y la salud pública”.
