Luego de meses de discusión sobre once propuestas, el Congreso Nacional aprobó la  Ley Marco de Protección Social, que fue enviada  por Juan Orlando Hernández y dictaminada por una comisión especial multipartidaria. Dicha legislación había sido aprobada el 13 de enero en primer debate y el 24 de febrero en segundo debate, sin embargo, esta semana, tras las presiones del mandatario hondureño, los diputados del oficialismo mocionaron para sustituirla por una nueva propuesta.

Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, dijo que el nuevo dictamen, es decir, la nueva Ley Marco de Protección Social, fue consensuado en un 95 por ciento con los distintos actores. Carlos H. Reyes, integrante de la comisión que representó a las Centrales Obreras, declaró que el dictamen les fue entregado media hora antes de iniciar el tercer debate.

Por su parte, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada -COHEP-, aseguró que el nuevo dictamen sí establece la reserva laboral que es el cuatro por ciento y  que el patrono depositará en una cuenta individual a nombre del trabajador o trabajadora para garantizar cada una de las indemnizaciones, derechos, cesantías y prestaciones laborales.

El Congreso Nacional, a través de un resumen de la Ley Marco de Protección Social, apunta que “los hondureños somos muy dados a ver las cosas a corto plazo, es tiempo de que todos pensemos qué sucederá cuando ya lleguemos a la tercera edad. Esta ley prepara el terreno para que todos tengamos una vejez digna, con un pago de jubilación suficiente para cubrir gastos médicos y alimentación, y no ser carga para nuestros hijos”.

Al estilo de la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, la ley establece un Régimen de Piso de Protección Social, es decir,  “todos los beneficios sociales del gobierno: Bono de Vida Mejor, Bolsa Solidaria, Sepelio Digno y planes recreativos”.

Una ley que privatiza el sistema sanitario

La Ley Marco del Sistema de Protección Social da luz verde para la creación de gestores o administradores de la salud  de carácter privado y mixto.

El artículo 22, referente a las redes de unidades de servicios salud, establece que “con el propósito de brindar la adecuada administración, provisión, seguimiento, monitoreo, vigilancia y control de los servicios y los mejores estándares de calidad del Sistema, se autoriza al Instituto Hondureño de Seguridad Social a suscribir contratos, convenios o acuerdos con Administradoras y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, sean éstas públicas, privadas o mixtas, con o sin fines de lucro”.

Lo anterior, a criterio de la diputada del Partido Innovación y Unidad –PINU-, Doris Gutiérrez, es una forma de privatización de los servicios de salud, que violenta las disposiciones constitucionales que señalan que los servicios de seguridad social deben ser prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-.

“Hay artículos que lógicamente se ven favorables, por ejemplo lo que tiene que ver con protección social; con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con la administración de ese sistema de protección social que prácticamente va a caer a manos privadas. Yo puse un ejemplo, lo que está pasando con Proheco – Centros de Educación Comunitaria-, lo pusieron en manos de sector mixto y muchas de esas instituciones se quedaron con la mitad del dinero de los maestros y a estas alturas les deben cinco meses, entonces nosotros no estamos de acuerdo con los procesos de privatización”, dijo Gutiérrez.

El diputado de Libertad y Refundación –LIBRE-, Rasel Tomé, denunció en el hemiciclo legislativo que las unidades prestadoras de salud ya tienen nombre y apellido, y afirma que dos de los más grandes grupos económicos del país estarán a cargo de los servicios contratados por el IHSS.

“Lo dije en la Cámara y lo puedo decir ante estos medios, va dedicado a dos grupos: el Grupo FICOHSA que está impulsando Por Su Salud y está adquiriendo hospitales privados, y el Grupo de Seguros Atlántida, entonces esos dos grupos son los que van a tragarse todo el Sistema de Seguridad Social”, detalló Tomé.

No hay privatización, asegura junta interventora del IHSS

German Leitzelar, miembro de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social- IHSS-, manifiesta que las declaraciones del diputado de LIBRE, Rasel Tomé, no tiene sustento jurídico y fundamento de ley.

Leitzelar asegura que las unidades prestadoras o gestoras de salud son parte de la estructuración del sistema de salud para garantizar los derechos y los beneficios de los trabajadores y trabajadoras, y no de un mecanismo privatizador.

“Eso son meras elucubraciones y planteamientos que no tienen sustentación. Yo le voy a poner un ejemplo concreto, el Seguro Social, en este momento, opera a nivel nacional con subrogación, con tercerización de los servicios a nivel nacional en donde el Seguro no tiene instalaciones y eso no ha privatizado al Seguro Social; lo que ha habido son mecanismos  inadecuados de esa subrogación y mecanismos inadecuados con falta de controles, de supervisión adecuada y de contratación definida a través de requisitos que garanticen los derechos de los trabajadores”, aseguró Leitzelar.

Leitzelar dijo a Radio Progreso que la actual Ley del Seguro Social dicta la subrogación, “por lo tanto lo que estamos haciendo es estructurándola de tal manera que garantice los beneficios”.

Se busca “tapar” el desfalco del Seguro Social

La sub coordinadora de la bancada del partido LIBRE, Scherly Arriaga, también deja en claro que la normativa busca privatizar el sistema de salud, pero además “tapar” el desfalco de siete mil millones de lempiras en el Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, durante la administración de Mario Zelaya Rojas.

“Nosotros defendemos las garantías constitucionales del pueblo hondureño, y son la educación y salud gratuita, este gobierno está violentando esos derechos. Sobre todo, lamentamos que los grandes actos de corrupción los tenga que pagar el pueblo con una privatización, es una estrategia del Partido Nacional el haber quebrado el Instituto Hondureño de Seguridad Social para implementar una ley que privatiza los servicios”, manifestó Arriaga.

“Liquidan” el Régimen de Aportaciones Privadas

La cotización del tres por ciento  del sueldo que cada empleado y empleada realiza al Régimen de Aportaciones Privadas –RAP- , ahora pasará al cuatro por ciento de la reserva laboral que dicta la nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social.

Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores –CGT-, explica que dicho dictamen “liquidará” o desaparecerá el RAP al  crearse la Ley Administradora de Fondos de Pensiones –AFP-.

“Mire, con un decreto de transición que metieron, en donde le quitan el tiempo para que se pueda readaptar o reformular el RAP, que eran 18 meses, lo liquidan; o sea, no está en condiciones competitivas, se quedaría sin recursos frescos. Estamos hablando con los diputados para que ver qué posibilidad hay de que nos den un tiempo que nos podamos adaptar y volvernos competitivos frente al sector privado”, detalló el dirigente obrero.

La comisión que dictaminó y sustituyó once veces el proyecto la Ley Marco de Protección Social afirma que  el RAP tendrá “el monopolio en el manejo de estos fondos mientras se aprueba la nueva ley AFP, cuando eso pase el trabajador va a poder llevar su cuenta a cualquier banco o dejarlo en el RAP, esto obligará al RAP a competir en beneficios para que nadie se lleve su cuenta a otro lado, pero esta ley no se aprobará en el futuro próximo”.

Por su parte la coordinadora de la bancada del Partido Anticorrupción –PAC-, Fátima Mena, opina que ante la deuda histórica del Estado hondureño con la seguridad social era necesario crear un nuevo marco regulatorio para un sistema sanitario que ha colapsado.

Mena espera que la Ley Marco de Protección Social no sea un instrumento para captar fondos y vuelvan a repetirse los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

La Ley Marco de Protección Social se aprobó horas después que la Secretaría de Salud anunciara que diez hospitales serán administrados por Organizaciones No Gubernamentales, para garantizar la eficiencia y transparencia de los presupuestos.