Un juez de letras de lo penal reactivó una orden de captura contra Enrique Flores Lanza, exministro de la presidencia durante la administración de José Manuel Zelaya Rosales, tras no presentarse a la audiencia de declaración de imputados, acusado del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, por el retiro de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras –BCH-.

Humberto Palacios, juez de Letras de lo Penal en Tegucigalpa, fue quien reactivó la orden de captura con alerta migratoria a la oficina de Interpol, explicó la portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo: “Esto es en relación a los 40 millones que fueron sustraídos del Banco Central el día 24 de junio de 2009. Él no se ha hecho presente, sólo se hizo presente uno de sus apoderados legales y el juez ya tenía prevista esta audiencia; posteriormente si él es detenido o hace presentación voluntaria se estará tomando la audiencia y luego señalando  la fecha y la hora de la audiencia inicial”.

El exministro de la presidencia ha aseguró que 40 millones de lempiras, sacados en carretillas del BCH, fueron  para financiar la “Cuarta Urna” o consulta popular que pretendía realizar el 28 de junio de 2009 el expresidente Zelaya Rosales.

En un noticiero televisivo, que se edita en la capital Tegucigalpa, Flores Lanza dijo que los 40 millones se distribuyeron entre varios ministros y ministras para la coordinación de la consulta en departamentos como Copán, Atlántida, Choluteca y El Paraíso.

Flores Lanza “no fue citado legalmente”

Raúl Suazo Barillas, abogado defensor de Flores Lanza, declaró a Radio Progreso que su representado no acudió a la audiencia porque “no fue citado en legal y debida forma” y ante su incomparecencia el Ministerio Público ha solicitado que se le declare en rebeldía, en base a lo que establece el artículo ocho del Código Procesal Penal.

“Nosotros hemos manifestado al juez que él mismo ha dicho que no había sido citado en legal y debida forma, que el abogado Enrique Flores Lanza no tiene medidas sustitutivas, ni prohibiciones para poder movilizarse dentro del territorio nacional e internacional”, detalló Suazo Barrillas.

El abogado defensor afirmó no saber dónde se encontraba Flores Lanza y que únicamente se enteraron que salió del país por una situación familiar: “la gravidez de una de sus hijas”; sin embargo, de acuerdo a los informes del Instituto de Migración, Enrique Flores Lanza habría salido el pasado viernes, 12 de junio, por la Frontera Las Manos hacia la ciudad de Managua, Nicaragua.

Orden de captura con “tinte político”

Un día antes de reactivarse la orden de captura, se conoció que la juez  Nelly Martínez fue suspendida de su cargo por el supuesto retardo en la impartición de justicia en el caso Flores Lanza, también llamado el “Carretillazo”.

Para el profesional del derecho Daniel Rivera Mena suspender a Martínez  no es más que una acción que lleva tinte político: “El Consejo de la Judicatura debe llamar al juez no destituirlo; el derecho de defensa es un derecho constitucional, llame al juez allá, no le mande un inspector, discuta con él la técnica procesalmente y si dentro de esa discusión de técnica procesal usted cree que se han violentado algunos de los preceptos legales sanciónelo”.

Que lo juzgue una CICI

Mediante una misiva, dirigida al pueblo y a la comunidad internacional, el exministro de la presidencia y coordinador del proyecto de la “Cuarta Urna” manifestó que ante la petición de la población hondureña que se investigue el desfalco de SIETE MIL MILLONES de lempiras al Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, en el que varios funcionarios del gobierno nacionalista están siendo acusados de desviar fondos para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, se pretende distraer la atención presentando dicho proyecto como “un acto ilegal y de corrupción”.

Asimismo calificó que en “un acto de sicariato judicial, se nos confinará a la cárcel, como una condena anticipada, petición que ya ha hecho pública Óscar Álvarez del Partido Nacional, presionando a través del Ministerio Público y el Consejo de la Judicatura. Este último incluso en un acto bochornoso, ha suspendido a la jueza Nelly Martínez, que no quiso prestarse a encarcelarnos, violando la ley”.

Al final de la carta, Flores Lanza dice que: “propongo ser juzgado por una Comisión Internacional contra la Impunidad –CICI-”.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras –CICIH- es una demanda de lo grupo de hondureños y hondureñas que se han mostrado indignados e indignadas ante la corrupción e impunidad, que impera en el país.