El pasado 4 de junio, el tribunal de sentencia de Tela dio lectura a la resolución donde declaró absolución del delito de usurpación de tierras a más de 80 pobladores y pobladoras de la comunidad garífuna de Barra Vieja en el  municipio de Tela argumentando no poseer pruebas suficientes para su condena penal. La alegría duró poco ya que semana se conoció que en los juzgados de Tela, se ha reactivado un nuevo juicio, esta vez contra los miembros del patronato.

Los pobladores y pobladoras fueron acusados por la Empresa Nacional Portuaria de usurpar territorio perteneciente a esa institución, sin embargo, éstos aseguran que la comunidad existe mucho antes de la creación de la Empresa Nacional Portuaria y que en la misma han vivido por muchos años .

Mirian Miranda, Presidenta de la Organización Fraternal Negra OFRANEH dice que la este juicio ya  había sido iniciado contra 8 dirigentes del patronato.

“Después del fallo absolutorio a favor de más de 80 miembros de la comunidad, era de esperar que se reactivara este otro juicio contra dirigentes del patronato, hemos estado dialogando con el apoderado legal de la comunidad y nos ha informado que la cita está para el próximo 30 de junio” señaló la líder garífuna.

La comunidad garífuna de Barra Vieja, ubicada en la bahía de Tela, junto al proyecto Turístico Indura Beach and Resort, viene enfrentando constantes amenazas de desalojo desde hace muchos años. En el año 2014 en varias ocasiones, militares y policías llegaron hasta la comunidad a desalojarlos.

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Preocupados

Los dirigentes comunales de Barra Vieja, han manifestado su preocupación por la continua persecución que hace el Estado hondureño solo por defender las tierras que ancestralmente les han pertenecido. Carlos Castillo es el  presidente del patronato de Barra Vieja y asegura que están preocupados por la nueva jugada que ha realizado la Empresa Nacional Portuaria, según Carlos, ahora los acusan de ser “los que lideran los grupos invasores de las playas, como no pudieron con toda la comunidad, ahora nos están acusando solo a nosotros”.

Los pueblos indígenas y originarios en nuestro país históricamente han sido olvidados, criminalizados y despojados de su territorio. Desde el golpe de Estado del 2009, la criminalización, la persecución  el desplazamiento se ha agudizado.

En 1994 el Estado de Honduras firmó el Convenio 169 de la OIT y posteriormente lo ratificó en 1995. El convenio cita que los pueblos originarios e indígenas tienen derecho a la consulta previa, pese a eso, es el mismo Estado el que impone megaproyectos desplazando a las comunidades.

El mejor ejemplo de persecución, criminalización y despojo, es la comunidad de Barra Vieja en la bahía de Tela. Barra vieja, también es un claro ejemplo de lucha y dignidad, sus pobladores y pobladoras día a día luchan unidos y se resisten a ser despojados  de las tierras de las cuales han sido dueños toda la vida.