Un año ha transcurrido desde el anuncio hecho por la presidenta hondureña Xiomara Castro, sobre la implementación de medidas encaminadas a combatir la criminalidad, que trajeron consigo la aprobación y ejecución del Estado de Excepción a través del decreto ejecutivo PCM-29-2022, con el cual se suspendieron las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, que incluyen la libertad personal, libertades de asociación y de reunión, libertad de tránsito, prohibición de arresto o detención sin mandato escrito expedido por autoridad competente, prohibición de ser llevado a la cárcel en caso de otorgar caución suficiente de conformidad con la ley y la inviolabilidad del domicilio.
La medida que inició el 06 de diciembre del 2022 en 89 barrios y colonias del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) y en 73 barrios y colonias de San Pedro Sula, se ha ampliado en 8 ocasiones y un año más tarde abarca 158 municipios de Honduras.
Sin embargo, «la población no se siente más segura», afirma la experta en seguridad Mirna Flores, puntualizando en que “en declaraciones de la policía usted siempre encuentra un resultado optimista, es decir que, se están bajando los homicidios, y que, se ha atacado algún tipo de delitos, o por lo menos se disuaden a las personas a no cometerlos, pero la pregunta fundamental que se debe hacer es ¿realmente la población percibe eso? porque hemos pasado un año ya bajo Estado de Excepción”. dijo.
Jóvenes en el ojo de la violencia
De acuerdo a los datos preliminares publicados en el Sistema Estadístico de la Policía SEPOL, hasta el 03 de diciembre del 2023, se habían registrado en Honduras 2840 homicidios, 590 menos que en el mismo periodo del 2022, representando una tasa de 29.14 homicidios por cada 100 mil habitantes, 6.59 menos que en el 2022. Además 51 municipios que hasta el 26 de noviembre del 2023 reportaban 0 incidencias de asesinatos.
Sin embargo, en el primer semestre de 2023, los homicidios se concentraron en las edades entre 18 y 30 años, tanto para hombres como para mujeres, un total de 614 jóvenes asesinados, de acuerdo a Datos preliminares de la Mesa Técnica de Muertes Violentas, integrada por instituciones de gobierno y sociedad civil.
Joel Alemán, director de incidencia política de la organización Jóvenes Contra la Violencia, cuestiona la efectividad del estado de excepción y lo califica como una copia mal hecha de la medida aplicada por Bukele en El Salvador.
“Estamos viendo estadísticas oficiales que en teoría ha disminuido un poco las cifras en comparación al año antepasado y pasado, pero lamentablemente la violencia sigue causando la muerte de jóvenes de diferentes sectores, ya que la violencia no discrimina a nadie, entonces se va todo por igual”, señala Alemán.
Puntualiza en que justo en los lugares donde hay Estado Excepción se ha perpetrado masacres y la medida aplicada por el gobierno nada más vino a terminar de estigmatizar más a las personas que viven en estos sectores.
Cómo muestra se recuerda la masacre ocurrida en Choloma Cortés, donde perdieron la vida 13 personas el pasado 24 de junio de este año. En su mayoría eran jóvenes.
La extorsión continúa
Datos policiales establecen que bajo el estado de excepción más de 5,000 personas de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas han sido capturadas, de las cuales solo 316 son por extorsión, pero de estos solo 40 fueron judicializados.
De esta forma, otro de los sectores que mantienen sus dudas con la implementación del Estado de Excepción, es el rubro del transporte, víctimas directas de la extorsión, a través de impuestos de guerra que suman solo para el sector transporte unos 250 millones de lempiras anuales y que solo este año ha dejado un saldo de unos 50 transportistas asesinados por grupos criminales por negarse a pagar la extorsión, asegura Jorge lanza dirigente del transporte.
“En realidad como transporte seguimos pagando lo mismo, no nos ha bajado en nada, es más en estos últimos dos años hemos pagado más, pero en relación a las muertes si se reporta una disminución, porque antes se registraron 10 asesinatos de transportistas mensuales y ahora en todo el año solo 50, aunque una sola vida que se pierda ya es significativa” expresó Lanza.
Muertes violentas de mujeres
Aunque uno de los principales logros de la medida del gobierno sea la reducción de homicidios, esto se contrasta con el número de muerte violenta de mujeres, que se ha disparado de manera alarmante, sobrepasando las 308 mujeres asesinadas en el 2022, de acuerdo al recuento que hace el Observatorio de la Violencia de la UNAH. Francisco Morazan, Cortés, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara ocupan los 5 departamentos del país más violentos para las mujeres.
Solo en el primer semestre del 2023 ya se registraban 229 mujeres asesinadas según datos preliminares de la Mesa Técnica de Muertes Violentas. 46 de ellas murieron bajo la tutela del Estado en la cárcel de mujeres PNFAS el 20 de junio, donde se utilizaron armas y municiones de la policía nacional para perpetrar la masacre.
Lara Bohorque del centro de derechos de mujeres, llama la atención al gobierno a poner énfasis en este flagelo. Reconoce que de acuerdo a la Secretaría de Seguridad hay una reducción de homicidios, “pero según nuestro monitoreo de muertes violentas de mujeres hay un incremento de femicidios, entonces vemos que aunque se diga en discurso que hay una reducción de la violencia de los asesinatos es como que no nos consideran a nosotras como parte de la sociedad, porque nosotras también somos personas y vivimos en este país” relata Bohorque.
Recuerda que desde el inicio del año las mujeres comenzaron siendo las primeras víctimas, con la masacre de hacía tres mujeres garífunas, Cristy Fabiana Espinoza, Janahira Castillo y Ana Castillo, asesinadas el 15 de enero en la comunidad garífuna de Travesía de Puerto Cortés, sumado a ellos la masacre más fuerte de Honduras en este año contra las privadas de libertad, lo que Lara Bohorque califica como una escalada de violencia contra las mujeres, que podría llegar al cierre de año con 380 mujeres asesinadas solo este año.
Para las organizaciones de la diversidad sexual también ha significado un año bajo Estado de Excepción que lejos de generar seguridad ha significado mayor vulnerabilidad, provocando un incremento en el asesinato de personas de la comunidad LGTBI.
Seydi Irías, perteneciente a la Red Lésbica Cattrachas, dice que el 2023, es uno de los años más violentos contra las personas de la diversidad sexual. “El año más violento registrado había sido históricamente el 2022, con 44 muertes y dos desaparecidas, lo cual fue sobrepasado este 2023 con 47 muertes de personas LGTBI, incluso ahora estamos teniendo el registro de una mujer trans de nombre Cristina, que fue secuestrada en el departamento de Cortés, y no se ha logrado determinar si aún sigue con vida y sus familiares siguen pidiendo justicia».
La última ampliación del Estado de Excepción en Honduras estará vigente hasta el 01 de enero del 2024, y posiblemente será ampliada nuevamente. La ciudadanía está a la espera de conocer información relacionada no solo con la reducción de homicidios sino con otros delitos que afectan a la población de este país que convive a diario con la violencia como plato fuerte del día.