En la última sesión de corporación municipal, realizada el 30 de noviembre, los cinco regidores de oposición en El Progreso, Yoro, denunciaron que el alcalde Alexander López, mandó a instalar unos casilleros y un detector de metales para evitar que los funcionarios ingresen a las sesiones con sus teléfonos celulares,  y puedan documentar  y transmitir los temas que allí se discuten.

En esa sesión, la regidora liberal Daniela Márquez, basándose en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Convivencia Social, presentó una moción para prohibir el uso de celulares y computadoras por parte de los regidores, también se estaría limitando el ingreso de los medios de comunicación. La moción fue aprobada con 6 votos, incluido el del alcalde.

Desde Radio Progreso buscamos las declaraciones de la regidora Daniela Márquez pero no fue localizada en el edificio municipal, ni contestó las llamadas telefónicas.  

El regidor y comunicador social, Luis Sierra, fue uno de los que apoyó la moción catalogada de censura. Aunque no pudo explicar en qué consiste realmente la iniciativa aprobada, asegura que fue necesaria porque tanto él como otros regidores son víctimas de campañas de difamación y amenazas.  Agregó que la municipalidad al igual que el Congreso Nacional cuenta con sus propios medios para informar al pueblo lo que se discute y aprueba en las sesiones.

Los  artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Policía y de Convivencia Social, en los que se fundamentó la moción para prohibir el ingreso de celulares y computadoras, lo que establecen literalmente es que, Art. 61 “Toda reunión o desfile público que degenere en riña tumultuaria o en desorden, ser disuelta por la policía. Art. 62, Se prohíbe portar armas o cualquier objeto que pueda causar daño a las personas, a la propiedad o al ambiente, en reuniones, manifestaciones o desfiles. Art.63. La persona que en ocasión de reunión o desfile en sitio público infrinja las leyes ser detenida y puesta a la orden de la autoridad competente si fuere procedente”.  

El regidor de oposición, Adán Palacios, asegura que se ha hecho una mala interpretación de la ley para beneficiar los intereses oscuros del alcalde Alexander López, quien está cometiendo abuso de autoridad y violación de garantías constituciones.

Por su parte, el periodista Marcos Matamoros de Teleprogreso, hizo un llamado al Colegio de Periodistas y organismos defensores de derechos humanos, porque considera que la alcaldía está violando el derecho a la libertad de prensa y de información.  

Matamoros dijo a Radio Progreso que, muchos comunicadores realizan el trabajo en sus teléfonos celulares, pero al estar prohibido en las sesiones de corporación, ya no podrán informar a la ciudadanía los proyectos o programas que en el municipio se aprueben.

El regidor municipal, Merlyn Bonilla, presentó ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, una acción Constitucional de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado contra Alexander López y los regidores que aprobaron la iniciativa, para que se restituya la libre emisión del pensamiento y se hagan públicas las sesiones de corporación municipal.

Además, el abogado Saúl Bueso del Comité por la Libre Expresión C-Libre, dijo que los regidores que están siendo violentados pueden interponer una denuncia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque la ley garantiza que las sesiones municipales sean transparentes y publicitadas.