Pleno del Congreso Nacional.

Desde el año 2022, el Congreso Nacional ha destinado 613.6 millones de lempiras en subvenciones, fondos que han sido ejecutados por los diputados en la opacidad, ya que no se conoce el destino ni las liquidaciones de los mismos. Así lo expresó, en entrevista con Radio Progreso, Juan Carlos Aguilar, coordinador de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

El informe titulado Debilidad institucional en el combate a la corrupción, que profundiza sobre la desconfianza ciudadana en el gobierno e instituciones, dedicado al sector de democracia y transparencia, revela que el financiamiento de las instituciones de control sigue siendo marginal. Este representa apenas el 0.4 % del Presupuesto General de la República entre 2022 y 2024, una desproporción que refleja la falta de prioridad en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los mecanismos de control del uso de los recursos públicos.

En contraste, el presupuesto del Congreso Nacional es un 25 % mayor al de las instituciones de control en ese mismo período. Además, desde 2022, el Congreso ha destinado L 613.6 millones en subvenciones que aún no han sido liquidadas, lo que representa el 21 % de su presupuesto (2023-2024).

“Hemos realizado muchas solicitudes de información, pero aún solo conocemos, en términos generales, esas erogaciones y subvenciones. Todavía está pendiente conocer a quiénes se les otorgan esos fondos, para qué se destinan, en qué se están gastando y exigir las respectivas liquidaciones”, señaló Aguilar.

En el período 2023-2024, el 56 % del presupuesto del Legislativo se destinó a sueldos y salarios, mientras que el 21 % se otorgó en subvenciones, las cuales han incrementado 14 veces en esos años.

Pese a la cantidad de millones entregados a los diputados y diputadas para subvenciones o ayudas sociales, en 2024 apenas se aprobó el 21 % de los proyectos de ley presentados, lo que pone de manifiesto la baja productividad legislativa y la limitada capacidad de consenso de los denominados «padres de la patria».

El diputado Ramón Barrios dijo que no existe opacidad en el manejo de los fondos de subvenciones, “estamos liquidando los fondos que se nos asignan”. Además confirmó que cada diputado puede manejar hasta seis millones de lempiras anuales en entrega de ayudas, situación que ha sido criticada en el país debido a que esas regalías o ayudas sociales sirvieron para que en la actualidad más del 60 por ciento de los congresistas busque la reelección. 

El diputado liberal Marlon Lara dijo que siempre se ha opuesto a que dentro del Congreso Nacional se manejen fondos para ayudas sociales. “Se usa un millón de lempiras diarios en entrega de ayudas eso descaloriza la función de los diputados y del propio Congreso, si queremos ayudar a la gente aprobemos leyes que les ayuden a mejorar su situación, pero no entregando dinero”, aseveró Lara.

La periodista Eleana Borjas, cronista parlamentaria, publicó esta semana que se cumplieron 476 días sin que el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, resolviera el recurso de revisión presentado contra el Congreso Nacional por negar información pública sobre la entrega de subvenciones o ayudas sociales, recurso que fue interpuesto tanto como ciudadana como periodista de Radio Progreso.

El informe de la ASJ concluye asegurando que el Congreso Nacional es uno de los órganos en los que menos confían los ciudadanos, debido a que este poder del Estado no ha presentado ninguna liquidación de los más de 600 millones que se destinaron en los últimos tres años.Además, a pesar de contar con un millonario presupuesto, el Poder Legislativo le adeuda productividad a la ciudadanía, ya que sesionan y aprueban pocas leyes.