El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, emitió una resolución en la que requirió la acción urgente del Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias con el fin de buscar y localizar a Angie Peña, y proteger su vida e integridad personal. Este requerimiento obliga a las autoridades competentes a actuar inmediatamente en tres grandes áreas: humanitaria, investigación penal y participación de la familia de la víctima.
Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y el Poder Ejecutivo están ignorando la petición de crear una comisión de búsqueda que dé con el paradero de la joven, desaparecida forzosamente hace dos años en Roatán, Islas de la Bahía, mientras disfrutaba de unas vacaciones con su familia.
La familia de Angie Peña y unas 16 organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ, públicamente y a través de comunicaciones directas, le han pedido a la presidenta Xiomara Castro, atender la demanda del Comité de Desapariciones Forzadas, pero la mandataria ha ignorado la petición al igual que la Secretaría de Seguridad.
Según el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, el único que ha mostrado apertura es el Fiscal General, Johel Zelaya, quien recibió a las organizaciones y dio directrices para la investigación penal de este caso que había estado paralizado.
La desaparición de Angie Peña se da en un contexto grave de desapariciones en el país. Según datos oficiales, entre 2012 y 2022 desaparecieron 9,838 personas, de las cuales, el 62% son hombres y el 38% son mujeres.
Las organizaciones exigen a la presidenta Xiomara Castro que asuma con urgencia y responsabilidad este fenómeno, y ordene la creación de una Comisión de Búsqueda con la asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras.
