La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por la destitución “arbitraria” de tres magistrados y una magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.
Los magistrados y magistrada destituidos en ese año son: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
“La Corte constató que las víctimas, quienes para el momento de los hechos cumplían su período como magistrados y magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, fueron destituidas en forma arbitraria e ilegal por el Congreso Nacional el 12 de diciembre de 2012”, establece la sentencia de la Corte IDH.
La Corte IDH recordó que, el 10 de diciembre de 2012 el Congreso Nacional designó una comisión especial para investigar la conducta administrativa de los magistrados y magistrada, quienes habían votado a favor de tres fallos, entre ellos la inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Depuración Policial y el decreto legislativo sobre las Regiones Especiales de Desarrollo, conocida como “Ley de Ciudades Modelo”.
La madrugada del 12 de diciembre de 2012, con un Congreso Nacional dirigido por el entonces diputado presidente Juan Orlando Hernández, la comisión especial presentó su informe y los diputados y diputadas votaron por la destitución de los magistrados y magistrada “argumentando incongruencia con la política de seguridad del Estado y riesgo de demandas millonarias”.
“Esta decisión desconoció las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial y a la estabilidad laboral de las víctimas”, indica la sentencia de la Corte IDH.
De acuerdo a la comunicación oficial de la Corte IDH, la sentencia determina que “las víctimas fueron destituidas por una autoridad que carecía de competencia, lo cual constituyó una violación de la garantía de la independencia judicial. Además, dicho acto constituyó una desviación de poder pues el Congreso Nacional utilizó la facultad de aprobar o desaprobar la conducta administrativa del Poder Judicial para castigar a las presuntas víctimas por sus decisiones”.
Medidas de reparación
Entre las medidas reparación integral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado de Honduras pagar a las víctimas una indemnización “ante la improcedencia de la solicitud de restitución a los cargos de los que fueron destituidos”.
Además, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; publicar el resumen oficial de la Sentencia en el Diario Oficial y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional. Asimismo, dar publicidad a la Sentencia en las cuentas de redes sociales de la Corte Suprema de Justicia, de la Presidencia y del Congreso Nacional.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, expresó en su cuenta de X que “el Poder Judicial de Honduras, ante la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, manifiesta su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma, en lo que respecta a este Poder del Estado”.
Ráquel aseguró que la sentencia es un “precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la Institucionalidad democrática”.
Para el abogado Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que la destitución que los tres magistrados y magistrada en el año 2012 fue una decisión ilegal del Congreso Nacional, en ese entonces liderado por Juan Orlando Hernández.
“Fue un golpe de Estado, fue un golpe técnico, porque el Congreso Nacional no tenía las facultades para destituir a los cuatro magistrados”, apunta Mejía.
Puntualmente, en la sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “considera pertinente ordenar una indemnización fijada en equidad” de 80 mil dólares a favor de cada una de las víctimas, en este caso los exmagistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la exmagistrada Rosalinda Cruz Sequeira.
En ese sentido, el abogado Joaquín Mejía es del criterio que la Procuraduría General de la República (PGR) debe desarrollar la sentencia y velar porque la indemnización sea pagada por los diputados y diputadas que votaron a favor de la destitución de los magistrados y magistrada.
“Aquí se ha condenado al Estado, pero esa decisión fue tomada por personas que abusaron de su poder, por tanto, la Constitución obliga a la PGR a que ejercite ese principio de repetición y para que el dinero que el Estado tenga que pagar salga del bolsillo y los bienes de los responsables directos”, explica Mejía.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, en una nota de prensa, aseguró que reafirma “el compromiso de respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para construir un Estado donde prevalezca la justicia, la verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Y agregaron que la Procuraduría “se reserva el derecho a ejercitar las acciones judiciales correspondientes en contra de los funcionarios que a través de sus acciones motivaron el resultado de la referida sentencia”.
Finalmente, en cuanto a las indemnizaciones compensatorias, la Corte Interamericana manda a que el Estado de Honduras repare con 365 mil 374 dólares a los magistrados y magistrada por los salarios, incluyendo los aguinaldos, vacaciones y decimocuarto salario, que no recibieron entre 2013 y febrero de 2016.
La condena al Estado de Honduras por parte de la Corte IDH “no solo era previsible sino justa”, manifestó el sacerdote jesuita Ismael Moreno, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
“Lo que no es justo es que esa infamia la pague el pueblo. Todos los nombres y cargos que tenían los que aprobaron la destitución son conocidos. Tienen que pagar. La justicia debe actuar”, apuntó Moreno.
