Ella llegó casi corriendo, vistiendo una blusa floreada y una falda roja.  Fue la primera que se ubicó en el lugar de la reunión. Varias veces llamó a las otras mujeres. “Apurémonos compañeras para aprovechar el tiempo de la reunión”, les dijo, muy animada.

Mientras se acomodaban, varios hombres y mujeres arreglaron una mesa con mantel, y a falta de sillas colocaron dos trozos de árbol, con un mantelito bordado, de esos que solo usan para atender a las visitas especiales, que luego guardan.

Doña Florentina Lorenzo, es de esas mujeres que le gusta aprender y saber la verdad. Se sienta en primera fila, pone mucha atención a las explicaciones. Se retira de la reunión hasta que el tema está totalmente aclarado y en seguida comenta: “yo aunque no sé leer ni escribir, pero entiendo lo que usted, abogada nos explica, y se lo agradecemos mucho. Sé que estas tierras tienen un documento legal, por lo tanto, nosotros no somos personas usurpadoras de tierras, somos los legítimos propietarios. Yo entré a formar parte de este Consejo Indígena porque sé que las cosas están legales, pues a mí me han enseñado en la iglesia que uno no debe agarrar lo ajeno”.

La abogada Dunia Aracely Pérez, les explica con detalles y sin muchos términos jurídicos sobre el caso de las tierras de la comunidad Nueva Palestina, ubicada en la aldea Llano Grande, municipio de San José, La Paz, en el Sur de Honduras.

El Consejo Indígena Nueva Palestina está formado por 34 familias. Cada una tiene un espacio donde han hecho su casa, algunas de palos y otras de adobe, porque no hay dinero para más. El resto del terreno es para cultivar sus alimentos, actividad que no han podido continuar por el temor que existe ante la amenaza de un nuevo desalojo, sentenciado por Juan Argueta, terrateniente de la zona que asegura ser también propietario de esas tierras ancestrales.

Doña Florentina, entristece su mirada y recuerda el día que Juan Argueta, llegó con más de 40 de sus trabajadores, 50 miembros de la Policía Nacional y con motosierras y otras herramientas destruyendo sus casas y cultivos. Luego, los empleados de Argueta pusieron la cerca en el terreno impidiéndoles el paso y tratándolos de usurpadores de tierras, de ladrones y de otras cosas. “Fue un día muy triste”, expresa.   

Hace unos meses, las 34 familias de Nueva Palestina regresaron a sus tierras, ahora con abogadas que les están asesorando y acompañando. Han empezado de nuevo, los hombres con sus responsabilidades y las mujeres también están al frente de la lucha. Ellas se encargan del control del Portón, donde han puesto un rótulo que dice “Repórtese”.

Titulo Ancestral

A pesar de que estas personas son propietarias de 209.15 hectáreas de terreno, según indica el título de propiedad ancestral del año 1999. Ellas no hacen uso de la tierra porque están amenazados por el señor Juan Argueta, un terrateniente que según dicen, tiene un título que el Instituto Nacional Agrario, INA, le otorgó en el año 2016.

Según la abogada Dunia Aracely Pérez del área de Investigación del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ. Este es un problema administrativo y lo debe resolver el Instituto Nacional Agrario, INA para que los campesinos tomen posesión de la tierra y puedan aprovecharla.