Honduras ante la CIDH

Hace unos días se celebró el 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, en la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder. Y el Estado hondureño fue sentado de nuevo “en el banquillo de los acusados” en dos audiencias que fueron programadas en dicho periodo de sesiones.

Una audiencia fue sobre los Derechos de las personas en situación de desplazamiento interno forzado, y en la segunda audiencia se trató la situación de personas criminalizadas y privadas de la libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras. Expusieron sus posiciones y sus puntos de vista las organizaciones de Sociedad Civil y representantes del Estado de Honduras.

Con un “puñado de pruebas” en mano, las organizaciones defensoras y promotoras de los Derechos Humanos expusieron, ante los Comisionados de la CIDH, toda la realidad de violencia, persecución y violaciones a los Derechos Humanos que son objetos algunos líderes sociales, defensores y defensoras, y ciudadanía en general golpeada por la violencia y la persecución estatal.

El Estado, representados por la Procuradora General de la República y una viceministra de Derechos Humanos, intentaron “tapar el sol con un dedo” pero no pudieron rebatir, con la fuerza necesaria, los argumentos que presentaron las organizaciones. Intentaron defender lo indefendible recurriendo a la retórica que suelen utilizar los políticos mentirosos como si las audiencias ante la CIDH fueran un circo electoral.

El Estado negó, una vez más, que tenga en su poder a “presos políticos” como los llama las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, tampoco a personas que protestaron contra el fraude electoral. El gobierno justificó ante el órgano de Derechos Humanos de la OEA, que sí tiene en su poder a personas que cometieron delitos en el marco de las protestas sociales pero que no son ciudadanos que protestaban sino miembros de maras y pandillas.

El gobierno tampoco termina de aceptar que tiene un grave problema de seguridad porque la violencia está provocando el desplazamiento interno forzado de miles de familias. Según datos de la CIDH, en Honduras la situación se está desbordando a tal grado que ya suman unas 174 mil personas desplazadas a causa de la violencia.

Ante esta realidad, citamos textualmente lo declarado por la Viceministra de Derechos Humanos, Marcela Castañeda: “Si bien debemos reconocer que nuestro avance se ha dado sobre todo estudiando el fenómeno, creando institucionalidad, desarrollando conceptos”.

Nuevamente el gobierno de Honduras ha quedado evidenciado en un nuevo capítulo de citas ante la CIDH que no gobierna para las mayorías, sino que responde a los intereses de unos pocos que buscan quedarse con el país y con su riqueza.