En histórica se convierte la reciente condena en contra de Teodoro Bonilla, ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. En palabras de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH es un acto ejemplar de combate a la corrupción e impunidad.

La Sala III del Tribunal de Justicia encontró suficientes pruebas para hallar a Teodoro Bonilla responsable del delito de tráfico de influencias en prejuicio de la administración pública. El Ministerio Público aseguró que solicitará la pena máxima por los agravantes que existen en el caso.

“Como sociedad hondureña debemos de reconocer el trabajo de la fiscalía, reconocer que el Ministerio Público está llegando a las últimas consecuencias en este caso y logró obtener la condena que tiene una pena entre los 6 a 9 años”, dijo Ramón Enrique Barrios, abogado y ex juez de Sentencia.

En una entrevista brindada a Radio Progreso, Barrios aseguró que la creación del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial tenía como objetivo que al interior del Poder Judicial se dividieran las responsabilidades, aquellas destinadas a la parte administrativa, el nombramiento, la promoción y sanción de los jueces, que debía conducir el Consejo y la impartición de la ley que correspondía a los 15 magistrados de la Corte.

“Lastimosamente ese Consejo de la Judicatura se dedicó a perseguir a jueces que no eran afines a la Asociación que presidía Teodoro Bonilla o aquellos jueces que eran contestatarios con el régimen político o el statu quo del poder judicial. Fue en este tiempo que se despidieron muchos jueces de larga trayectoria”, comenta.

Luego de la separación injusta de 3 jueces y una magistrada, entre ellos Ramón Barrios, quienes se opusieron al golpe de Estado de 2009, organizaciones solicitaron el cese de todas las medidas que limitan los derechos y libertades de los jueces, juezas y magistrados y pidieron a las autoridades de aquella Corte Suprema de Justicia abstenerse de realizar cualquier acto que pudiera constituir una injerencia en las decisiones de estos. Además iniciaron una lucha para la creación de un Consejo de la Judicatura y principalmente que se garantizara su independencia de la Corte Suprema de Justicia.

“Desde la Asociación de Jueces por la Democracia-AJD- se demandó la creación del Consejo de la Judicatura, ya que daría mayor independencia a la carrera judicial. Luego de presionar el Congreso Nacional nombró a los funcionarios que integrarían el primer Consejo de la Judicatura. Lo presidió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, el vicepresidente fue Teodoro Bonilla, que en ese entonces ocupaba un cargo dentro de la Corte de Apelaciones de Choluteca.

El presidente de la Corte de manera irresponsable no asume su papel de presidente del Consejo de la Judicatura y le delega casi toda la administración al vicepresidente, en este caso a Teodoro”, recuerda Ramón Barrios.

Analistas son conscientes que desde su creación el Consejo de la Judicatura comenzó mal, ya que no tenía representación de las dos asociaciones de jueces que existían en el poder judicial. Eso provocó que únicamente tuviera un año y meses de vida.

Caso Shalom

Con la sentencia se demostró que ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura presionó a dos juezas para favorecer a Dennys Bonilla García quien era acusado por el delito de almacenamiento ilegal de armas y municiones y a Carlos Roberto Bonilla, acusado por los delitos de lavado de activos y almacenamiento de armas, caso conocido como Shalom.

En el caso se vincula a la ex jueza Liz María Núñez, quien resolvió sobreseer provisionalmente a Carlos Bonilla, decretándolo auto de formal apertura a juicio oral y público únicamente por el delito de posesión ilegal de armas de uso prohibido. Asimismo el Ministerio Público relaciona al tráfico de influencias a la ex magistrada de la Corte de Apelaciones Delmy Elizabeth López quien decretó a los encausados un auto de formal procesamiento por los delitos de almacenamiento de armas y lavado de activos.

La MACCIH detrás

“La condena dictada en contra de Teodoro Bonilla es un acto ejemplar de combate a la corrupción e impunidad. Un fallo por tráfico de influencias, uno de los primeros casos por este delito en el país revela que estamos avanzando. El combate a la corrupción e impunidad requiere que los operadores de justicia y la sociedad en general estén todos conectados con esta lucha”, fueron las reacciones de Juan Jiménez vocero de la MACCIH, en este caso.

Jiménez reconoció el trabajo eficiente y serio que hizo el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia, que actuaron de manera independiente, saliendo que es la ruta a seguir en Honduras. Agregó que como Misión de Apoyo estuvieron muy de cerca con este caso, considerando que uno de los pilares fundamentales de la democracia es la independencia judicial y precisamente lo que hizo Teodoro Bonilla fue lesionar la independencia de jueces y magistrados con su actuación ilícita. “La condena es un acto de reivindicación contra los jueces y magistrados de Honduras. MACCIH seguirá trabajando fuertemente en el combate a la corrupción y la impunidad, trabajamos de la mano con la fiscalía en equipo integrales de investigación y persecución penal para poder investigar y procesar caso de corrupción, casos que lesionen al país y sus instituciones”.

El vocero de la MACCIH advirtió que es el primer caso de tráfico de influencias, un delito que muchas personas creen que no existe y que hoy los tribunales de Honduras han demostrado que se pueden condenar y castigar.

El abogado Ramón Barrios espera que esta no sea la única investigación que dé frutos, sino que en su totalidad la investigación en contra de todo el Consejo de la Judicatura, logre demostrar si hubo uso indebido del presupuesto, el nombramiento de jueces que no estaban de acuerdo a la ley, despidos injustificados. “Podemos esperar otros requerimiento para ese Consejo de la Judicatura que abusó de su poder”.

La audiencia de individualización de la pena contra Teodoro Bonilla está calendarizada para el 21 de agosto de 2017. La pena sería entre los 6 a 9 años de prisión, además de enfrentar una multa entre los 200 a 300 mil Lempiras.