Luego del anuncio del inicio del proceso de depuración, el gobierno de Juan Orlando Hernández, nombró y juramentó a la nueva Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.

La Comisión es encabezada por Vilma Morales, ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Solórzano, pastor de la Confraternidad Evangélica y Omar Rivera de la Alianza por la Paz y la Justicia. El juramento de estas personalidades se dio en medio de cuestionamientos de varios sectores de la sociedad, debido a la participación de un religioso en la vida nacional del país y a la presencia Vilma Cecilia Morales, quien está en la Comisión Interventora del Seguro Social, instancia que hasta ahora poco o nada ha realizado en esta saqueada institución.

En entrevista con Radio Progreso, el pastor Alberto Solórzano dijo que han tomado como reto realizar una restructuración seria, responsable y sustentada. “Es necesario que surja una nueva generación de policías que responda a las exigencias de la ciudadanía, que no sólo se den cambios de uniformes sino de accionar”, dijo el religioso.

Como reto la nueva Comisión tomó la elaboración de un mecanismo de captación para los nuevos agentes policías, con certificaciones y evaluaciones previas a cada una de la contratación que se hará de policías, agregó Solórzano.

Ante los cuestionamientos sobre las injerencias de los políticos, el pastor aseguró que su único compromiso es con la ciudadanía que espera resultados positivos que devuelvan la seguridad nacional.

Inician separaciones

Esta semana la Secretaría de Seguridad anunció que tres oficiales de la policía nacional fueron suspendidos por estar vinculados con el asesinato del señor Julián Arístides Gonzales, ex dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, instancia adscrita al Ministerio Público.

Gonzales fue asesinado el 08 de diciembre de 2009, y recientemente medios filtraron información que su asesinato había sido planificado y ejecutado por miembros de la policía nacional.

Uno de los policías suspendidos es el subcomisionado, Mario Mejía Vargas, quien asegura que la acusación es injusta, ya que no tiene nada que ver con el asesinato del zar antidroga. El uniformado dijo que están utilizando una acusación que se le hizo el año 2009 para separarlo de la institución.

“Yo tengo toda la documentación donde compruebo que mi caso fue sobreseído por los Tribunales, la suspensión me tiene molesto, porque me acusan injustamente” dijo a Mejía Vargas.

En declaraciones al noticiero Zona Informativa de Radio Progreso, un miembro de la escala básica de la policía nacional, quien omitió su nombre por temores a represalias de los jefes policiales,  aseguró que los verdaderos culpables de la corrupción dentro de la institución son los mandos superiores, “ellos mismo daban las órdenes para que los subalternos realicen actos fuera de la ley”, dijo.

El policía agregó que el proceso de depuración es solamente para “taparle el ojo al macho”, porque despedirán únicamente a personas que realizan bien su trabajo, pero las manzanas podridas siempre quedarán dentro de la institución. También declaró que no confía en la actual cúpula policial, porque responden a los intereses de políticos poderos en el país.

Solicitan información

Una de las primeras acciones ejecutadas por la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Policía fue solicitar información al Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, y al Comisionado Nacional de derechos humanos, CONADEH.

A través de la Ley de Acceso a la Información Pública, se solicitó información sobre estado de cuentas, transacciones e historial de casi una decena de General activos de la institución policial.

La lista de oficiales que la Comisión solicita información es la siguiente:

1.- General Ramón Antonio Sabillón Pineda
2.- General Félix Villanueva
3.- General José Ricardo Ramírez del Cid
4.- General Héctor Iván Mejía Velásquez
5.- General Juan Carlos Bonilla Valladares
6.- General Elder Madrid Guerra
7.- General Javier Leopoldo Flores Milla
8.- General Quintín Antonio Juárez García
9.- General José Leandro Osorio Santos

Esta nueva Comisión tendrá que iniciar un proceso de depuración que los políticos ha postergado por años, y que ahora ha convertido a un cuerpo policial seriamente señalado de ser el principal responsable de la situación de violencia y criminalidad en el país.

Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUPAS-UNAH), confirman que al menos 362 policías están involucrados en más de 400 asesinatos en el país.

A pesar de los anuncios y acciones hechas por el gobierno, aún analistas coinciden que detrás de la crisis en la policía existe una estrategia para desaparecerla y fortalecer los entes militares y represivos. Una apuesta clara del presidente Juan Orlando Hernández, incluso desde que era presidente del Congreso Nacional de cara a su proyecto continuista.

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