La vigencia de las nuevas Normas Académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desatado manifestaciones, protestas y tomas de las instalaciones en los centros de estudios, dirigidas por los movimientos estudiantiles y asociaciones de carrera.

Las reformas, aprobadas en el segundo periodo de administración de la rectora Julieta Castellanos, pretenden adaptarse a las tendencias internacionales en educación superior, pero el movimiento estudiantil señala que no fueron consensuadas ni construidas desde la realidad que vive la comunidad dentro y fuera de la universidad.

El texto legal establece que el objetivo de las Normas Académicas de la UNAH es  regular, regir y ordenar el desarrollo y crecimiento permanente de la actividad académica. Esta nueva normativa establece el aumento progresivo del índice de aprobación y de permanencia: los estudiantes con cuentas a partir del 2015 deberán ir aumento su índice de 60 a 70 por ciento.

Descontento estudiantil

El Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) ha demandado desde su puesta en vigencia que las Normas Académicas sean derogadas en su totalidad porque son aplicadas bajo la “imposición” de un Consejo Universitario que no cuenta con la aprobación y reconocimiento del sector estudiantil pleno.

En 2014, cuando se comenzó a construir y a aprobar la normativa académica, los movimientos independientes no fueron llamados al diálogo y solo se tomó en cuenta la opinión de los frentes estudiantiles tradicionales que en las últimas décadas han dejado de escuchar las demandas de la comunidad universitaria.

Durante los dos años del proceso para la puesta en marcha de las Normas Académicas, los movimientos estudiantiles han reclamado la “democratización de la universidad en lo académico y científico”.

Sin embargo, desde los sectores mediáticos y las autoridades universitarias se considera que el malestar estudiantil se genera por el nuevo índice de aprobación y permanencia, aunque reconocen que hacen falta las condiciones para lograr ese nivel académico.

“Entendemos que son varios los factores que influyen en el desempeño estudiantil y algunas de esas demandas que los estudiantes plantean son correctas en términos que hay que mejorar los espacios académicos, los laboratorios y evaluar el desempeño de los docentes”, expresaba  Ayax Irías, vicerrector de Orientación y Asuntos Estudiantiles de la UNAH, quien además asegura  a los medios de comunicación que las Normas Académicas no podrán ser derogadas como lo demanda los movimientos.

La represión se impone sobre el diálogo

A lo largo de las tres últimas semanas, los estudiantes y las estudiantes organizadas en el MEU han continuado con su exigencia de derogación total de las Normas Académicas y solicitando la apertura a un diálogo incluyente. El 24 de mayo la representación estudiantil envió una propuesta para la construcción de un nuevo reglamento académico que se exprese en la realidad de la comunidad universitaria, los dirigentes del MEU denunciaron que las autoridades “jamás” respondieron a la solicitud.

Frente a la indiferencia, el sector estudiantil universitario, en Tegucigalpa, San Pedro Sula y centros regionales, decidieron emprender acciones de presión, entre ellas la toma de calles y de los edificios de las facultades de carrera.

La respuesta inmediata de las autoridades universitarias ha sido la represión ejercida por las fuerzas policiales con bombas de gas lacrimógeno y las ordenes de captura para los dirigentes del movimiento estudiantil y nuevos proceso judiciales.

En medio de la toma y manifestaciones, la rectora Julieta Castellanos convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario: los movimientos independientes estudiantiles nuevamente no fueron convocados y tampoco se discutió la propuesta presenta a finales de mayo.

El Consejo Universitario acordó posponer hasta el 2018 la aplicación del 70 por ciento de aprobación, unificar el pago de exámenes de reposición y brindar matrícula condicionada en lugar de cambiar de carrera a los alumnos que repitan tres veces una misma asignatura.

El MEU rechazó las resoluciones por considerar que es una salida mediática a la falta de un diálogo, pero además una medida que pretende desmovilizar al movimiento estudiantil universitario.

“Entregamos el documento –propuesta- a la dirección de Consejo Universitario en la que exigimos la inaplicabilidad de las Normas Académicas, para que con la participación estudiantil y docente se construyan nuevas normas apegada a la realidad del estudiante y del joven hondureño, no queremos normativas excluyentes”, declaró Mirtha Gutiérrez, vocera del MEU.

La comunidad universitaria decidió continuar con las tomas de los edificios hasta lograr establecer un diálogo democrático que incluya a todos los sectores.

La rectora Julieta Castellanos expuso a la prensa que las acciones estudiantiles responden a una agenda política: “si el tema académico fuera lo que les importara estarían de lado nuestro, trabajando en conjunto, no interfiriendo las clases ni queriendo llevar la universidad al caos y la incertidumbre de la que venimos”.

Rechazan la criminalización

Luego de emitidas las órdenes de captura contra seis estudiantes de Ciudad Universitaria en Tegucigalpa y las declaraciones de las que autoridades universitarias que manifiestan que los centros de estudio “se mantienen cerrados por grupos de encapuchados impidiendo el libre acceso”, organizaciones defensoras de los derechos humanos hacen un llamado a la rectora Castellanos a parar “sus declaraciones estigmatizantes y terminar la criminalización de la protesta social en la UNAH”.

Edy Tábora, director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), insta a las autoridades universitarias a promover un diálogo participativo que sea dirigido por expertos académicos.

“Aquí debe mediar un grupo de personas multidisciplinario, nosotros como organismos de derechos humanos podemos mediar en la parte de la criminalización, ya en la parte de las cuestiones académicas deben ser personas expertas en mediación de conflicto y educación superior”, sugirió Tábora.

¿Qué queda por hacer?

El movimiento estudiantil de los principales centros universitarios mantiene su postura, ha llamado a todas las asociaciones de carrera a continuar con las tomas de edificios y asambleas informativas. Fausto Cálix, estudiante de Derecho, sostiene que la primera salida al conflicto se dará cuando se “deroguen las Normas Académicas, cese la criminalización estudiantil y se desmilitaricen las instalaciones universitarias”.

La rectora Julieta Castellanos ha dicho que mientras las tomas se mantengan y “los días transcurren y se ve que el período se va a prolongar, la acción más segura es que el tercer período sea intensivo, es decir, de nueve o diez semanas”.

Nelson Ávila, ex candidato a rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, apunta que el proceso o construcción de las normas académicas, que proponen los estudiantes, deberían quedar sujetas a la socialización y participación de toda la comunidad universitaria.

“Eso debió hacerse desde un principio, pusieron la carreta adelante de los bueyes. El segundo punto, simultáneamente, para resolver el conflicto es dejar de criminalizar a los estudiantes”, agregó Ávila.

Según la vicerrectora académica, Rutilia Calderón, con el actual proceso de reforma universitario “en los últimos once años se ha logrado sostener una mejora continua del índice académico promedio y el índice de aprobación”.

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