Tras concluir su misión, un grupo de juristas internacionales y hondureños determinó que el proceso de elección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia-CSJ- está marcado por la falta de transparencia y un reglamento que defina los criterios para dicha elección.
En ese sentido, Alejandro Cacace, abogado constitucionalista y diputado de la provincia de San Luis en Argentina, sugiere que la representación de la sociedad civil en la junta nominadora debe exigir el principio de publicidad durante cada una de las etapas de la elección.
“La sociedad civil debe de abogar por la transparencia dentro del proceso de selección, debe de abogar por que haya un principio de publicidad con audiencias públicas donde se puedan valorar los méritos de los candidatos, formular adhesiones y también impugnaciones respecto a los candidatos y que estos puedan defenderse efectuando sus descargos”, explica Cacace.
Cacace apunta que otra de las debilidades en el proceso de selección es que la junta nominadora presenta al Congreso Nacional candidatos y candidatas no vinculados a la defensa de los derechos humanos: “El derecho internacional de los derechos humanos atraviesa a todas las ramas del derecho, esto por supuesto en adhesión a todos los requisitos constitucionales básicos como para poder ser juez y la competencia de orden profesional y formación que un juez de una alta Corte debe tener”.
El jurista y parlamentario argentino comenta que se deben elegir a los nuevos magistrados y magistradas de la CSJ tomando en cuenta las “crisis institucionales” de los últimos años.
“Es necesario que haya jueces comprometidos con la independencia de la judicatura y de Poder Judicial, pero, sobre todo, con un compromiso y lealtad muy fuerte hacia el sistema democrático y el Estado de derechos, es decir que ante cualquier tipo de intento de vulneración de las instituciones republicanas se sientan en el deber y en el compromiso de custodiarlas”, puntualiza.
Se necesita un reglamento para la elección
Ivania Galeano, hondureña y asesora jurídica de la Comisión Internacional de Juristas –CIJ-, detalla que la misión propone que los representantes de la sociedad civil en la junta nominadora deben insistirle al Congreso Nacional para que apruebe un reglamento que defina los criterios para la selección de magistrados y magistradas de la CSJ.
“En primer lugar que establezcan mecanismos de impugnación a las candidaturas que son presentadas y que además establezca mecanismos que fundamenten por qué ciertas personas se eligen o por qué otras no se eligen; muchos de los sectores nos manifestaban esta preocupación, que en casos anteriores se miraba que descartaban personas pero sin ningún tipo de valoración”, puntualiza Galeano.
Enfatiza que la misión llegó a la conclusión “que es fundamental contar con estos criterios de evaluación con un proceso de impugnación, con procesos de adhesiones, con procesos de defensa que permitan a las personas establecer las acciones que consideren cuando crean que se les ha descartado sin ningún tipo de objetividad”.
Este viernes 14 de agosto, las organizaciones de sociedad civil deben acreditar a sus representantes ante la Secretaría de Derechos Humanos, Gobernación y Justicia, quienes participarán en la Asamblea donde se elegirá a un propietario y un suplente, ante la junta nominadora de magistrados a la CSJ.
Recomendaciones de la misión
La misión de juristas, integrada en su mayoría por argentinos y chilenos, deja en claro que en la medida que el plazo de discusión de los perfiles de los candidatos en el “Congreso de la República” sea más amplio “contribuiría a garantizar la elección más idónea de los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia”.
Omar Palermo, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Argentina, comenta que “si es el Congreso quien elige a los miembros de la Corte Suprema se le debe otorgar amplias facultades para analizar y discutir sobre la totalidad de las candidaturas para que su decisión sea tomada de forma responsable».
En relación al perfil de los magistrados, los juristas y jurista recomendaron que “al menos” deba de ser una persona con independencia e imparcialidad; conocimiento legal importante; honorabilidad y una historia de conducta intachable; compromiso con la protección de los derechos humanos; y, compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial.
La cámara legislativa elegirá de una nómina de 45 candidatos y candidatas, propuesta por la junta nominadora, a los 15 magistrados y magistradas que integrarán la Corte Suprema de Justicia a partir del 25 de enero de 2016.
Esos 15 magistrados y magistradas deberán ser con el voto de al menos 86 de los 128 diputados y diputadas propietarios.
