“Miré al militar disparar contra mi papá quien de inmediato se desplomó al suelo y luego sentí los balazos en mi cuerpo”. Con el peso de este testimonio y otros medios de prueba, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, declaró culpable al soldado del ejército hondureño Kevin Yasser Saravia, por el homicidio del líder indígena Tomás García Domínguez, sin embargo fue absuelto de la tentativa de homicidio contra la vida de Allan García alegando que solo fueron “faltas” y que “no era su intención matarlo”.
El 15 de julio del 2013, mientras la población indígena Lenca del sector de Río Blanco, Intibucá, protestaba por la construcción (sin consulta previa) de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca” sobre el río Gualcarque, el militar del Batallón de Ingenieros, comenzó a disparar contra la humanidad de Tomás García, y mientras se desplomaba sin vida, siguió contra el hijo de la víctima el joven Allan García, quien quedó gravemente herido.
“Hay una satisfacción parcial ante el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia, porque nosotros esperábamos una sentencia por los dos delitos. Todas las evidencias y el testimonio sólido de Allan García demostraron que el militar sí tenía la intención clara de asesinar a los dos indígenas”, indicó el acusador privado Víctor Fernández.
Después del fallo, el militar Saravia fue enviado a prisión al primer Batallón de Infantería ubicado en Tegucigalpa. Sin embargo el profesional del derecho dijo que este juicio no está concluido, porque aún no hay una sentencia firme y será el 08 de enero del 2016 que se desarrollará la audiencia de individualización de la pena, que en el caso de homicidio simple tiene una condena de 15 a 20 años de reclusión.
Luego que se emita la sentencia, la defensa del militar ha expresado su interés de presentar recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, alegando que su defendido disparó en su legítima defensa. Sin embargo el abogado acusador dijo que no les han aclarado si se refería a la defensa de los intereses de DESA, empresa que lleva a cabo las obras de la represa Hidroeléctrica.
“Nosotros también vamos a interponer un recurso de casación ya que el fallo no está ajustado a las pruebas científicas que se presentaron donde se evidencia que sí existió una tentativa de homicidio en contra de Allan García y que caso contrario los indígenas no presentaron un peligro hacia el militar”, indicó el abogado Fernández.
Juicio lleno de intimidaciones
El juicio contra el militar que asesinó a Tomas García e hirió a su hijo Allan, inició el 17 de noviembre y que finalizó ayer jueves “estuvo lleno de intimidaciones, amenazas, racismo institucional difícil de creer. Antes del comienzo del juicio una fiscal de la Fiscalía de las Etnias que realiza la acusación contra este militar, fue intimidada y perseguida por un carro”, denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH.
“Así comenzó la audiencia contra militares, quienes han estado defendiendo los intereses de una empresa privada que está construyendo la represa en Río Blanco, sin respetar los convenios internacionales firmados por el estado Hondureño. Esta situación confirma que la justicia hondureña está al servicio de la clase empresarial y política donde los militares y policías están para defender los intereses de estas grandes empresas”, manifestó el abogado Víctor Fernández.
Aquel fatídico día la población indígena se reconcentraron cerca del viejo roble, donde la comunidad de La Tejera mantenía una toma indefinida de la carretera y se cumplían 106 días de acción, y de ahí salieron hacia el plantel de la empresa. Cuando estaban casi llegando al portón principal los militares comenzaron a disparar.
Tomás y su hijo fueron entre los primeros en llegar. “Un militar salió del portón y vino hacia nosotros. Primero le disparó a los pies a mi papá, como para asustarlo, y después se acercó más y le hizo varios disparos a quemarropa, no sabría decir cuántos, y lo mató”, dijo mientras daba su testimonio ante el Tribunal de Sentencia.
Un hombre de lucha
Sus compañeros de lucha recuerdan que Tomás había dicho que nunca iba a rendirse. Como auxiliar y miembro del Consejo Indígena, según testimonios, las empresas le habían ofrecido miles y miles de Lempiras para apoyar el proyecto pero él lo rechazo a favor de la lucha para la soberanía y dignidad.
“Fue un líder en la lucha para defender la tierra y recursos naturales y ahora es un mártir para el Pueblo Lenca. Él dio su vida por todos nosotros», manifestó Adelaida Gómez quien es parte del Consejo Indígena de Río Blanco.
“La Fiscalía de la Etnias jugó un papel importante en el caso. Se resaltó en todo el juicio la violación a todos los instrumentos jurídicos internacionales que protegen a los territorios indígenas, que prohíben la presencia militar en la zona. Se rescató el incumplimiento de todas las directrices sobre el uso de las fuerzas y las armas que no solo incumplió el militar acusado si no también la institucionalidad hondureña”, manifestó el abogado acusador.
Indicó además que se evidenció la responsabilidad directa del Estado hondureño por otorgar permisos para la construcción de la represa hidroeléctrica a espaldas de las comunidades indígenas. “Este primer logro es fruto de las acciones que el pueblo Lenca ha desarrollado de manera permanente con el único afán de combatir la impunidad y para que este tipo de casos no se repita”, concluyó.
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