Luego de enfrentamientos que culminaron con un paro nacional de transporte, el gobierno y  dirigentes de transporte fumaron la pipa de la paz y avanzan en la aprobación de una nueva legislación que regulará el transporte terrestre en Honduras.

Entre las novedades que contendrá la ley se menciona la creación del nuevo Instituto Nacional del Transporte Terrestre, INTT, instancia que regulará el rubro, además de la emisión y cancelación de las licencias de conducir de cualquier tipo.

La convocatoria en el Congreso Nacional está para el próximo lunes, donde los diputados continuarán la discusión de los 103 artículos que acuerpan la legislación. Hasta ahora se han aprobado 12, que están relacionados con los objetivos, finalidad, creación del Instituto, atribuciones, integración del Consejo Consultivo y la estructura.

“Ahora vamos por buen camino. Tanto los diputados como los dirigentes del transporte y el mismo gobierno estamos claros de lo que buscamos con esta ley. La creación del Instituto del Transporte, que será dirigido por 3 comisionados nombrados por el presidente de la república con un periodo de 4 años, serán las autoridades que implementarán y darán vida a la legislación”, dijo el diputado Rolando Dubón Bueso, miembro de la comisión que revisa la propuesta de ley.

Instituto Nacional de Transporte 

Entre los 12 artículos aprobados está la creación del Instituto Nacional del Transporte Terrestre, como un órgano rector del sistema de transporte terrestre en el país, con independencia financiera y administrativa.

Este consejo tendrá, entre otras atribuciones, otorgar, modificar, renovar y cancelar los permisos de explotación y certificados de operación, clasificar las rutas, establecer categorías de servicio, autorizar la instalación y funcionamiento de terminales de transporte y autorizar y regular las tarifas del transporte público.

Según el diputado este Instituto será dirigido por tres comisionados, que trabajarán  coordinados y distribuidos como un director presidente, un director financiero y un administrativo, y deberán ser seleccionados por el presidente de la república de una lista de seis candidatos designados mediante concurso público.

La nueva entidad tendrá un consejo directivo conformado por 11 consejeros, seis representantes del gobierno nombrados por el Poder Ejecutivo y cinco del sector transporte, designados por los concesionarios o propietarios.

Varios diputados cuestionaron que ahora las licencias de conducir serán emitidas por el Instituto del Transporte y no por la Policía de Tránsito. Según Dubón Bueso lo que se busca es contar con un banco de datos que será alimentado por todas las oficinas departamentales, para el control y las sanciones a los infractores. Que cuando se certifique un motorista exista un banco de información que brinde la oportunidad de conocer si una licencia se puede entregar, cancelar o suspender.

En representación del rubro del transporte, un grupo de dirigentes están de forma permanente en las sesiones del Congreso Nacional para la revisión de cada uno de los artículos.

“En un momento estuvimos preocupados, por eso convocamos al paro nacional de transporte, porque veíamos que la balanza se inclinaba para un solo lado, sin entender que la legislación debe beneficiar a usuarios, transportistas y gobierno. Yo quiero reconocer que ahora se están haciendo las cosas bien”, dijo Nelson Fernández, presidente de la Federación de transportistas urbanos de Honduras.

Puntos de desencuentro 

Iniciando la semana los usuarios y usuarias del transporte en las principales ciudades del país sufrieron las consecuencias de la paralización del transporte, además de la toma de varias vías públicas por las unidades.

Con esta acción los dirigentes del transporte manifestaban su rechazo a las propuestas del Congreso Nacional para el manejo del rubro del transporte. “Uno de los puntos de desencuentro era la administración del Instituto Nacional del Transporte, la exoneración del pago de pasajes a niños, personas de la tercera edad, policías y miembros del INSEP (Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos), además del excesivo cobro por las faltas que cometieran los conductores, que iban entre los 2 a 3 salarios mínimos, eso era una carga pesada tanto para los dueños como los conductores”, dijo Fernández.

El diputado Dubón informó que otras de las inclusiones que tendrá la nueva legislación será la instalación de cámaras, sistema GPS, básculas y el funcionamiento de las tarjetas prepago. “Inmediatamente se apruebe la ley se comenzará con licitaciones públicas para encontrar las empresas que dará el servicio, todos los fondos que requiere la implementación de la ley será fideicomisos otorgados por el gobierno central”.

¿Y el problema de las extorsiones? 

La masacre ocurrida el pasado mes de noviembre en la colonia Cerro Verde del municipio de Choloma, Cortés donde 8 trabajadores del rubro del transporte fueron acribillados en la misma estación de buses, una de las hipótesis del múltiple crimen es el cobro extorsión, movió a los transportistas a discutir una nueva legislación.

El proyecto ley que se encuentra en el pleno vendría a sustituir a la vigente Ley de Transporte que data de 1976. “Esta nueva ley será importante porque tiene el apoyo del pueblo hondureño, además que beneficiará a los usuarios y transportistas. Vendrá a contrarrestar la criminalidad, el hecho de andar efectivo va a contrarrestar el crimen en ese rubro, el fin fundamental de la ley es ordenar el sistema de transporte que por años ha sido un desorden y corruptela de parte del gobierno y los mismos transportistas”, concluyó diciendo el diputado Rolando Dubón.

Para diputados como Jari Dixon Herrera del partido Libertad y Refundación (Libre) contar con una ley es fundamental, pero cree que esto eliminará el delito de extorsión, que en los últimos meses ha cobrado la vida de cientos de transportistas. Para Herrera el problema de las extorsiones es mucho más serio, necesita respuestas estructurales que ataquen frontalmente la situación de violencia, criminalidad e impunidad que hasta ahora prevalece en Honduras.

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Votación 

La ley está en tercer debate  a pesar de las opiniones disonantes de los diputados de los partidos de oposición. Los liberales dijeron que apoyarán la iniciativa si se cumplen algunos puntos entre los que destacan la entrega de subsidios entregada de manera directa al usuario y de forma transparente, seguridad y comodidad en las unidades, entre otros.

Otro de los aportes que surgieron en el pleno del Congreso Nacional fue que se diera un plazo de 18 meses para la socialización de la nueva ley con todos los sectores de la sociedad hondureña, incluidos los denominados “brujitos”, buses o taxis que circulan con números repetidos.

A pesar que solo se han aprobado 12 artículos, los dirigentes del transporte aseguran que llevan consensuados más de 60 artículos, la discusión se centraría en los restantes 35, donde esperan encontrar apertura al interno del Congreso.

La próxima semana la discusión de esta legislación continuará en el pleno del Legislativo, a medida que avanzan en el análisis de cada uno de los artículos saltan muchas preguntas: ¿El Instituto Nacional de Transporte es la respuesta al desorden en el rubro del transporte?, ¿garantizará efectividad y transparencia en la emisión de documentos?, ¿la gente se sentirá segura a lo interno de los buses únicamente contando con una ley? Y finalmente, ¿es con una nueva ley de transporte que cesarán las extorsiones en este rubro y en toda Honduras?