Esta semana, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció el inicio del proceso de conformación de la junta nominadora de los candidatos y candidatas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia –CSJ-. Ante los medios de comunicación y los representantes de las siete organizaciones que conformarán dicha junta, el titular del Legislativo manifestó que durante la elección “no habrá espacio para componendas políticas, intereses personales y también para procesos de descalificación que vienen del exterior”.
Sin embargo, para el ex fiscal y ahora diputado, Jari Dixon Herrera, el actual procedimiento, desde el inicio hasta el final, para seleccionar a los magistrados y magistradas traerá los resultados de siempre: acuerdos políticos.
“Vamos a luchar porque se cambie ese procedimiento, es lo más terrible que hay. Hay historias de organizaciones de Sociedad Civil que comentan algunas anécdotas que a uno lo dejan con la piel de gallina; por ejemplo, un director ejecutivo de FOPRIDEH – Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras- decía en la selección pasada de magistrados que cuando ya llevaban el listado de candidatos, otros miembros de la junta nominadora les cruzaron un vehículo para quitarles la lista y cambiar otros nombres”, advirtió y recordó Herrera.
Agrega que el proceso de elección para las personas que integran la CSJ es una “mafia al mejor estilo de la mafia”.
Por su parte, Walter Alex Banegas, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, dice que ante la falta de un mecanismo de elección más transparente la única vía de vigilancia será exigir que cada etapa se cumpla en los tiempos dictados por el reglamento interno del Congreso Nacional.
“Nosotros vamos a pedir no esperar hasta septiembre para que esas organizaciones acrediten su representante propietario y suplente, vamos a exigir que lo hagan en el plazo del mes de agosto, porque eso nos va a dar la oportunidad de evaluar las hojas de vida de cada uno de sus representantes”, detalló Banegas.
Liberales se “apegarán a la transparencia”
El diputado Liberal, Yuri Sabas, asegura que su partido se apegará a los principios de transparencia. Además señala que los partidos políticos deben abstenerse de las campañas de desprestigio de dicho proceso, por el simple hecho de querer hacer a su manera el nombramiento de los nuevos magistrados.
“Hay que exigirle a la población que le diga a los políticos que dejen ese juego, que porque yo no puedo poner el que yo quiero ya todo es malo, eso no debe de ser así”.
Sabas, miembro de un partido que durante años ha impuesto los magistrados de acuerdo a sus intereses, manifiesta que la bancada Liberal escogerá “de los que nomine la junta. Los medios deben estar bastante pendientes de las personas que nominen. Entran 150 personas y de ellos escogen 45, y de esos vienen al Congreso Nacional a que escojamos 15. Más de algún diputado va a salir diciendo cosas porque va a querer poner a un amigo, pero aquí no se trata de eso, se trata de la decisión de la mayoría”.
“Somos animales políticos”
Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, al finalizar la reunión con las organizaciones que conforman la junta nominadora dijo creer “en la tolerancia de quienes integrarán la comisión y sobre todo en la objetividad, en el enorme compromiso que tienen con Honduras, en momentos cuando el sector justicia y los operadores de la misma tienen exigencias de varios sectores del país”.
De su lado, Rolando Dubón Bueso, integrante de la bancada del oficialismo, apunta que es imposible evitar la política al momento de la elección: “Todos los actos de la vida humana tiene relación con la política, máxime los actos del Congreso Nacional, todos estos actos tienen trascendencia política y sería mentiroso en decir de que nos vamos a despojar de todos estos aspectos si los humanos, como dijo Platón: por naturaleza somos animales políticos”.
Es el momento de la sociedad civil
La Junta Nominadora, de acuerdo a ley, debe de estar integrada por un representante propietario y uno suplente de la CSJ, del Colegio de Abogados de Honduras –CAH-, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos –Conadeh-, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada -COHEP-, los claustros de profesores de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas y por las organizaciones de Sociedad Civil.
El abogado Ramón Enrique Barrios, catedrático universitario y ex juez de sentencia, comenta que la actual coyuntura de nacional es un momento favorable para las organizaciones de sociedad civil y populares aproveche la nominación y elección de magistrados para fortalecer la veeduría en dicho proceso.
“Yo creo que aunque la junta nominadora no nos dé cuenta, la Sociedad Civil que no estamos representados en esa junta no solamente nos constituyamos como veedores sino como actores participativos y denunciemos cuando miremos que dentro de los 45 van políticos recalcitrantes, personas que no obedecen a criterios éticos, criterios jurídicos y profesionales para ser miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia”.
Barrios no descarta las componendas políticas en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la que será juramentada el próximo 25 de enero del 2016: “por ejemplo, en este momento el Colegio de Abogados de Honduras está presidido por dirigentes del Partido Nacional, esto no es un secreto para nadie; no cabe duda que los nominados en su gran mayoría por el Colegio de Abogados van a obedecer o van a ser candidatos del Partido Nacional”.
Agrega que la misma mística podría seguir el COHEP, pues es de todos conocido que “desde la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada hay una afinidad muy grande con el presidente de la república”.
De esa manera cada organización va a nominar candidatos afines al presidente del gobierno o afines a cualquiera de los dos partidos políticos tradicionales, “con lo cual yo me anticipo a creer que la Corte Suprema de Justicia va a tener una correlación de fuerzas más o menos que va a andar en mayoría nacionalista, unos cuantos liberales y por ahí van a negociar uno o dos para los partido pequeños emergentes”, explica.
Una vez instalada la junta nominadora, comenzará a recibir los listados de los precandidatos a magistrados de la CSJ. En el proceso de postulaciones también pueden haber auto propuestas de abogados no afines a alguna de las siete organizaciones que conforman la junta nominadora.
Para la elección de los nuevos magistrados a la CSJ se requiere de mayoría calificada, es decir, 86 votos del pleno de diputados y diputadas.
Cabe destacar que durante el gobierno del ex presidente Carlos Flores, los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República fueron reformados y se le quitó al Congreso Nacional el mando de elegir directamente a los magistrados del Poder Judicial.