Especial Islas del Cisne: Cárcel de la Ignominia
El daño ambiental que podría ocasionar, su alto costo y el impacto en materia de derechos humanos de una cárcel de máxima seguridad bajo la administración policial-militar, en un sitio tan lejano y aislado como las Islas del Cisne, centran las principales preocupaciones sobre esa decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Con el propósito de profundizar en las implicaciones que organizaciones sociales, expertos en distintas materias relacionadas, analistas independientes y la población en general señalan sobre tan controversial proyecto y aportar más elementos de análisis sobre el mismo, Radio Progreso pone a su disposición Islas del Cisne: Cárcel de la Ignominia.
Primer Hallazgo: Opacidad en el Acceso la Información
Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente, obligado por ley a proteger las reservas naturales de Honduras, no ha tenido reparo en posicionarse junto a los militares, como principal abanderado en la carrera por construir una megacárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne – de riqueza natural invaluable – para albergar a más de dos mil privados de libertad de alta peligrosidad, como parte de una política represiva al estilo de Bukele en El Salvador.
Radio Progreso comprobó el hermetismo del gobierno sobre este megaproyecto, en contravención al Principio de Máxima Divulgación que rige a los gobiernos, que establece que el acceso a la información pública debe ser la norma y el secreto la excepción.
Con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se presentaron solicitudes de información a todas las instituciones del gobierno relacionadas con la construcción de la cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, corroborando a través de sus repuestas, la poca o nula disposición del gobierno de la presidenta Xiomara Castro a compartir información sobre un proyecto de tal envergadura.
La opacidad, es hasta ahora, el signo que marca el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne anunciado hace más de un año por el gobierno como respuesta a la creciente violencia, inseguridad y crisis del sistema carcelario del país, pues ha sido casi imposible obtener detalles -sobre todo presupuestarios- del proyecto, a pesar de la presentación de solicitudes de información pública a las Secretarías de Defensa Nacional, Seguridad Pública y Recursos Naturales, la Presidencia de la República y Secretaría de la Presidencia; el Instituto Nacional Penitenciario (INP); la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y el Congreso Nacional.
La constante en las respuestas de los oficiales de transparencia de las instituciones interpeladas, fue redirigir la solicitud de información a otras dependencias, las que a su vez alegaron desconocimiento de lo solicitado sugiriendo volver a la dependencia inicial, lo cual puede interpretarse como una estrategia para evadir la responsabilidad de informar más sobre dicho proyecto.
Un ejemplo. En respuesta a la solicitud de información SOL-PRSD-465-2023, presentada en enero del año 2024 a la Presidencia de la República referente al costo, proceso de diseño, procedimiento de contratación y empresa ejecutora de la construcción de la cárcel de alta seguridad, la oficial de Transparencia de Casa Presidencial, hoy Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Lucy Ondina Hernández Ordoñez, respondió “no es competencia de Casa Presidencial dar respuesta a su solicitud ya que no es la institución encargada de generar dicha información, se le sugiere presentar su solicitud en el Instituto Nacional Penitenciario”.
Incomprensible respuesta si se considera que fue precisamente la presidenta Xiomara Castro quien, en el marco del Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional, anunció la construcción como una de las medidas para hacer frente al crimen organizado que opera desde dentro de las cárceles, porque se convertiría en el lugar donde purgaría sus penas los privados de libertad más peligrosos.
En iguales términos respondió la Secretaría de la Presidencia a la solicitud SOL-SDP-336-2023, cuyo oficial de transparencia señaló “esta Unidad de Transparencia hace de su conocimiento que dicha información NO CORRESPONDE a nuestra institución, en tal sentido le hacemos una cordial invitación para que pueda evacuar dicha solicitud a través de la unidad de transparencia del Instituto Nacional Penitenciario. Lo anterior, en virtud que dicha información si es de sus competencias al ser este quien dirige, gestiona y administrar el sistema penitenciario nacional.”
Radio Progreso solicitó a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) los dictámenes técnicos y los nombres de quienes conformaron el equipo evaluador, que respaldan las reiteradas declaraciones públicas de su titular, Lucky Medina, en el sentido que la mega cárcel no causará daños al ecosistema del archipiélago. La respuesta proporcionada mediante oficio UTGPC-035-2024, indica que «entre los meses de junio y agosto se llevó a cabo un análisis legal y un estudio de campo de los últimos 30 años para el área de la isla. En septiembre, se realizó una inspección en el área de desarrollo del proyecto. Posteriormente a esta visita y a la evaluación preliminar, se definieron los términos de referencia de la actividad conforme al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, documento que fue compartido con el equipo consultor, del que se desconoce qué profesionales lo integran, del Instituto Nacional Penitenciario.»
Una de las unidades más importantes de la SERNA es la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental encargada de organizar, coordinar, manejar y regular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), para velar por la obligatoria aplicación de la evaluación de impacto ambiental y emitir dictámenes técnicos, previo a la autorización, concesiones, así como de emitir los permisos de operación a empresas industriales o comerciales, y para la ejecución de proyectos públicos y privados. ¿Delegó la SERNA esa responsabilidad en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ejecutor del proyecto?
Para contrastar las respuestas citadas, se solicitó información SOL-INP-356-2023 al INP sobre la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, cuya oficial de transparencia respondió que “dicha información se encuentra clasificada como Reservada según Resolución No. SO-669-2023 emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de fecha 09 de noviembre del 2023”. La reserva de información es por un período de diez años.
En este proceso de esclarecer el proyecto, dos de las principales entidades responsables de disponer de información sobre el mismo parecen desconocer detalles cruciales, resultando en un intercambio frustrante de responsabilidades entre ambas partes.
Por la respuesta del IAIP a la solicitud de Radio Progreso SOL-IAIP-882-2024, puede concluirse que la oficial de transparencia de INP no es transparente, porque obvió explicar los alcances de esa resolución. En mayo de 2022, el Comisionado de Policía Otoniel Castillo Lemus, quien dirigía el Instituto Penitenciario Nacional, solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declarar en reserva por diez años la información relacionada con la construcción y gestión de cárceles en Honduras.
La solicitud abarcaba planos arquitectónicos; el estado de fuerza de seguridad incluyendo procesos y procedimientos operativos; informes e inteligencia penitenciaria; planes de seguridad; y los presupuestos de actividades de obras que detallan los términos de referencia, así como los nombres de diseñadores, ingenieros y arquitectos involucrados en dichos proyectos.
El IAIP declaró parcialmente con lugar la solicitud de clasificación de información mediante Resolución No. SO-669-2023, pero denegó la reserva sobre lo relacionado con el presupuesto de las actividades que incluye cantidades de obra, porque la misma no es susceptible de reserva de información “ya que la información de naturaleza presupuestaria siempre ostentará el carácter de pública según el artículo 3 numeral 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual no puede ser clasificada como reservada”.
Pero al asumir la Coordinación de la Comisión Interventora de los Centros Penales del país, el también comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), coronel Ramiro Muñoz, insistió ante el Instituto de Acceso a la Información Pública sobre la necesidad de ampliar la información protegida por la reserva.
Resalta en el oficio DN- INP – OFICIO – 38-23 remitido por Muñoz al IAIP su deseo que la información relacionada con “la construcción, reparación y equipamiento del “sistema carcelario, suministro de equipos, bienes y servicios” sea declarara información reservada, por lo que a ese inciso del oficio agregó los diseños, planos, mapas de construcción de infraestructura, cámaras de vigilancia”. La Gerencia de Asuntos Legales del IAIP recomendó al pleno de los Comisionados denegar la solicitud de ampliación de información reservada que solicitó.
En diversas comparecencias en medios de comunicación en defensa del proyecto, el secretario de SERNA, Lucky Medina, ha sostenido que la construcción de la cárcel de máxima seguridad incluirá medidas estrictas de mitigación ambiental para proteger el ecosistema, y sostenido que esta iniciativa representa una oportunidad para que el gobierno se involucre más activamente en esta área protegida. Sobre el presupuesto y el manejo del mismo guarda silencio.
Medina asegura que se han realizado inspecciones y preestudios de factibilidad con diversos equipos técnicos del Instituto Nacional Penitenciario, como parte del inicio de los procesos de licitación y construcción. Para verificar sus declaraciones con la información oficial de la SERNA, que según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe estar disponible de oficio, mediante solicitud pedimos se nos proporcionara “la documentación de sustento y la resolución que otorga Licencia Ambiental al proyecto de la cárcel en las Islas del Cisne.”
Al parecer, los únicos que tienen claridad sobre la construcción de la cárcel en las islas del Cisne son el Secretario de Recursos Naturales y el Director de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quien ha asumido el control del sistema penitenciario tras la reciente intervención ordenada por la presidenta Xiomara Castro, alimentan las dudas sobre la transparencia en torno al mismo.
La SERNA respondió “es meritorio informar que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), tiene una Solicitud de Reserva de Información del proyecto de la Cárcel de Máxima Seguridad en Islas del Cisne, el cual consta en el Expediente Administrativo No. 010-2023-CI en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Pero que en aras de no vulnerar el derecho a la información pública informaba que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en uso de sus facultades delegadas, emitió en fecha veintiuno (21) de junio del 2024, la Licencia Ambiental Operativa SLAS-00074- 2024, correspondiente al proyecto de la “Construcción de Centro Penal de Máxima Seguridad en Islas del Cisne (Fase I), este proceso se desarrolló en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario y consiste en avanzar hacia los detalles del diseño final de los respectivos estudios marino costeros, biológicos y la ampliación de datos científicos y técnicos para la realización del proyecto.
Vale destacar que esa información ya había sido compartida verbalmente por el secretario Medina a los medios de comunicación, pero la respuesta no satisface la solicitud SOL-SERNA-695-2024 presentada por Radio Progreso, porque ni proporciona la documentación de soporte del otorgamiento de Licencia Ambiental, ni la copia de la resolución solicitadas, amparándose en que la licencia otorgada es la operativa, pero ese documento tampoco nos fue compartido por la Unidad de Transparencia de la SERNA.
Ante la falta de transparencia en este proyecto, el Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH) señaló en un pronunciamiento público, que Honduras no puede seguir con prácticas históricas de opacidad en la contratación y asignación de proyectos estatales, advierte que la población hondureña no debería soportar el alto costo no divulgado que el Estado asumirá tanto en la construcción como en el mantenimiento de centros penales, y exhorta a que se divulgue el costo económico, social y ambiental de estos proyectos. En varias oportunidades funcionarios han referido un posible costo de alrededor de dos mil millones de lempiras.
La organización señala que la modalidad de contratación directa en los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios plantea serias dudas sobre la transparencia y los criterios utilizados por la actual administración para la adjudicación de contratos, y subraya que el impacto presupuestario de la construcción y el mantenimiento operativo de la megacárcel es significativo y requiere de una evaluación para asegurar un uso adecuado de los recursos públicos.
El secretario de SERNA, expresó que “las Islas del Cisne, aunque tienen cierto valor ambiental que reconocemos” pero que no tienen reconocimiento legal como área protegida, aunque documentos oficiales y reconocimientos históricos lo contradicen, Medina dice que el año 1991 el archipiélago fue declarado área protegida mediante el Acuerdo No. 3056-91, pero que este no se publicó en La Gaceta, pero en el Anuario Estadístico Forestal 2022 publicado por el Instituto Nacional de Conservación Forestal (INCF) en el primer año del actual gobierno, referente a las Áreas protegidas legalmente declaradas, aparece en la Tabla 41 en primer lugar el Parque Nacional Marino Abogado Agustín Córdoba Rodríguez o Isla del Cisne.
Incluso la determinación del municipio y departamento al que pertenecen las Islas de la Bahía ha sido objeto de controversia. Inicialmente se afirmó que formaban parte del departamento de Gracias a Dios, pero fue el propio secretario de SERNA quien manifestó que son parte del territorio del municipio de Guanaja, y allá fueron a hacer consulta a la población sobre la construcción de la cárcel.
Mediante solicitud de información pública SOL-ALGNJ-16-2024, Radio Progreso tuvo acceso al Acta Municipal No. 7 de fecha 6 de marzo del año 2024, donde se registra la socialización que no consulta con las comunidades. El alcalde del municipio de Guanaja, Spurgeon Miller, explicó que la reunión consistió en informar a las comunidades sobre un proyecto ya definido por el Gobierno, a pesar de las dudas expresadas por diversos sectores y residentes.
Aunque es un documento manuscrito que presenta dificultades para su lectura y comprensión, el acta del cabildo abierto indica que los representantes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Manuel García y Emilio Bonilla, se presentaron el miércoles 6 de marzo de 2024 en la comunidad de El Cayo para socializar la construcción de la cárcel, y que en la misma participaron el alcalde, la vicealcaldesa, dos regidores, la Comisión Ciudadana de Transparencia, el director de la Unidad Municipal Medioambiental y el Comisionado Municipal. Durante el evento, los representantes del INP proporcionaron la misma información promovida por Lucky Medina y otros funcionarios públicos.
Aunque los representantes del Gobierno destacaron los beneficios del proyecto y elogiaron la seguridad y tranquilidad en la isla de Guanaja, comparándola favorablemente con ciudades como San Pedro Sula, donde la seguridad ciudadana es una preocupación constante, la reunión se centró más en la exposición de puntos de vista de los representantes estatales que en proporcionar datos concretos sobre el impacto ambiental, social y económico del proyecto.
Según el acta, los ciudadanos que tomaron la palabra en sus intervenciones expresaron un claro rechazo o múltiples dudas respecto a la construcción carcelaria.
Algunos ciudadanos pidieron que se construyeran estos centros penales en tierra firme para evitar costos adicionales, mientras que otros expresaron preocupación por el impacto en especies locales, incluyendo iguanas y aves. Aun con las dudas manifestadas por las comunidades, el alcalde Spurgeon Miller firmó el acta dando fe del proceso de socialización, aunque se reconoce que la magnitud del proyecto requiere más allá de una simple socialización.
De la tragedia al ocultamiento
La peor tragedia en cárceles de mujeres, ocurrida la madrugada del 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Centro Femenino de Adaptación Social (PNCEFAS) ubicada a unos 20 kilómetros de Tegucigalpa, en la que murieron 46 reclusas calcinadas y tiroteadas, se convirtió en escenario idóneo para que la actual administración, amparada en una declaratoria de emergencia del sistema carcelario, entregara la administración de los centros penales a los militares, en contrasentido de recomendaciones hechas al Estado de Honduras por organismos internacionales de derechos humanos.
La brutal masacre, advertida previamente por las propias internas, se utilizó como justificación para instalar una nueva junta interventora de los centro penales, esta vez dirigida por la Policía Militar del Orden Público, bajo la dirección del coronel Ramiro Fernando Muñoz, aunque la presidenta Xiomara Castro en su Plan de Gobierno prometió “Desmilitarizar la seguridad ciudadana” y “Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana.”
El gobierno irrespeta compromisos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Sentencia Pacheco Teruel, en la que declaró al Estado responsable la muerte de 107 internos en el incendio ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, resultado directo de serias deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario. Pero a una década de la masacre, el gobierno no solo otorga a los militares el control operativo de las prisiones, sino también del presupuesto para su construcción y funcionamiento. En el caso de la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, en una zona tan remota del territorio hondureño, los costos operativos serán sin duda insostenibles para el Estado. Y hasta ahora sin voluntad de transparentarlos.
Los expertos en materias relacionadas con el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en una reserva de gran riqueza natural opinan que aún hay tiempo para actuar, mientras se multiplican las voces que demandan la reconsideración del proyecto. La falta de transparencia en la gestión de la información, no abona a favor, sino que multiplica las dudas. Es crucial adoptar un enfoque más reflexivo, con más consulta y menos rigidez en el debate.
Sandra Maribel Sánchez
Periodista desde hace treinta y cinco años. Actualmente trabaja en Radio Progreso en Tegucigalpa, capital de Honduras, como productora del programa Más que Dos.
Iolany Pérez
Periodista hondureña. Trabaja en Radio Progreso desde hace más de 15 años, realizando programas informativos y de análisis sobre medio ambiente, política y sociedad.