La mediación del diálogo nacional por parte de la OEA y la propuesta de reforma del sistema de justicia que se inclina al Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción propuesto por el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha sido catalogada como un fracaso por analistas y la ciudadanía que demandan la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICI-H).

Las visitas del embajador del diálogo, John Biehl del Río, en las que se limitó a reunirse  con grupos económicos, políticos y afines al gobierno, dejó como resultado la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La anterior propuesta deja claro que el objetivo de la OEA es “solucionar el problema al Estado de Honduras” y no la problemática de corrupción e impunidad que se carcome a la institucionalidad hondureña, señala el historiador y catedrático universitario, Edgar Soriano.

“Esa propuesta de la OEA no va a lograr desarticular la corrupción y la impunidad en el país porque en realidad el problema es estructural; para poder combatir la impunidad en Honduras debemos de reformar la institucionalidad, y, obviamente, eso pasa porque se enjuicie a las personas que en este momento están enfrente de la institucionalidad y que están coludidos en actos de corrupción”, dijo Soriano en entrevista a Radio Progreso.

La MACCIH propone elaborar un diagnóstico sobre el estado de la situación del sistema de justicia hondureño a través del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), cuando en Honduras se sabe, por ejemplo, que entre los años 2011 y 2014 se registraron más de 15 mil denuncias de mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual, de las cuales solamente 888 tienen sentencia condenatoria, dejando en la impunidad el 94 por ciento restante.

En ese sentido, el sociólogo Eugenio Sosa asevera que la OEA con su propuesta se acomoda y conecta con el gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández; la MACCIH, dice Sosa, “es una profunda y gran exclusión de la ciudanía y sus demandas más genuinas”.

“Es  una propuesta bastante precaria, reafirma lo que el gobierno ha querido hacer; una presencia de algunos internacionales, que más parecen observadores y no investigadores y enjuiciadores como sí lo ha hecho la CICI-G  en Guatemala”, agrega Sosa.

“No queremos que le den atol con el dedo al pueblo”

La propuesta de la OEA además contempla la creación de un observatorio para monitorear y evaluar el progreso del sistema de justicia, que estaría bajo la coordinación de la sociedad civil, es decir, las organizaciones que han demostrado estar de acuerdo con las acciones del gobierno de Hernández.

Yadira Bendaña, integrante de la bancada liberal en el Congreso Nacional, asegura que su partido y bancada respaldan las iniciativas o mecanismo que fortalezcan el sistema de justicia, sin embargo, espera que el gobierno no pretenda “darle atol con el dedo a la población hondureña” aceptando la propuesta de reforma al sistema de justicia entregada por la OEA.

“Es un momento en el que tenemos que ser muy serios en la toma de decisiones, que en ninguna forma se puede burlar el clamor de la ciudadanía porque ya vimos que el sistema social y político del país está totalmente vulnerable, en ese sentido, yo abogaría porque haya el total compromiso y la prudencia de la presidencia de la república de tener clara conciencia de que la ciudadanía ha manifestado y ha evidenciado lo que es capaz de hacer en función de reclamar los derechos que le corresponden”, concientizó Bendaña.

Por su parte, Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ex integrante de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, manifiesta que como academia aún no terminan de estudiar a profundidad la propuesta de la OEA, pero “cualquier propuesta que sea tiene que tener resultados, ya este país diagnósticos y estudios no ocupa más”.

La ONU abandona el barco

A la segunda etapa del llamado diálogo nacional se incorporó un experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, la representante en Honduras de ese organismo, Consuelo Vidal, expresó que no presentarán una propuesta para combatir la corrupción e impunidad en Honduras, porque la misma debe desarrollarse de los hondureños y hondureñas.

Vidal, en declaraciones a Radio Progreso, aseguró que desconocía los detalles de la propuesta de reforma al sistema judicial entregada por la OEA: “Nosotros damos la bienvenida a las propuesta que se den en el país para la lucha anticorrupción, yo no conozco los detalles de la propuesta, no puedo opinar sobre el contenido de la misma; en el sentido si estoy de acuerdo o no con las medidas, nosotros nos hemos enterado de esa propuesta por los medios de comunicación”.

Mientras la misión de la OEA regresa al país para iniciar la conformación de la MACCIH, parece que todavía “existe la esperanza” de lograr el objetivo de la ciudadanía indignada, ya que en el Congreso Nacional existe una propuesta o proyecto de Ley para que se instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICI-H), presentado por la bancada del Partido Anticorrupción (PAC).

Sin embargo, hay que recordar que en julio pasado el Legislativo votó en contra de una solicitud de plebiscito, presentada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE),  para que la ciudadanía hondureña decidiera si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con una CICI-H.