Por: Padre Ismael Moreno SJ.

Primera fuerza: organizaciones sociales y populares

La primera es la de las organizaciones sociales y populares extendidas y desparramadas a lo largo del territorio nacional, aunque muchas de ellas, sobre todo los llamados organismos de incidencia o de la sociedad civil, se aglomeran en la capital de la República, y desde ahí buscan incidir en la vida pública, teniendo algunos de ellos presencia en otras zonas del país. Son fuerzas cuyos dirigentes, en su mayoría, tienen claridad política de los problemas del país y coinciden en buscar respuestas desde transformaciones profundas de la realidad. Sin embargo, son fuerzas dispersas, con altos niveles de fragmentación y con liderazgos que actúan y se relacionan con los demás como si ellos tuvieran las respuestas auténticas y por consiguiente llaman a aglutinarse en torno a ellos. Si los demás se suman entonces se va por el camino verdadero, si no se suman, estarán en el error. Son un poder real en Honduras, pero sin vertebración y condicionado por liderazgos cargados de protagonismo, con muy poca flexibilidad para la construcción de coordinaciones y enlaces en donde se gane en fuerza de conjunto aunque eventualmente los liderazgos individuales pierdan protagonismo o poder.

Las organizaciones sociales populares son un amasijo sin líneas de horizontalidad sólidas entre las mismas, lo cual se expresa en relaciones más de desconfianzas que de afinidad o sinergias. Basta que una organización convoque para que las demás se retraigan de atender la misma, aunque tengan coincidencias en temáticas y metodologías. En lugar de aumentar las sinergias se fortalecen las islas dentro de un mar de problemas y amenazas. Son más islas en archipiélago que instancias vinculantes unas con otras.

Cada organización se afana en sus propias luchas sin interés por establecer puentes o vínculos de comunicación que no pasen de los esporádicos. La horizontalidad es mucho más en discursos y planteamientos pero no logran impactar para transformar el paisaje de individualidades o islas. El archipiélago es lo que define la pintura de fondo de las organizaciones sociales populares. Las hay de todas las expresiones. De derechos humanos, gremios magisteriales, campesinos, obreros, de salud y otros, organizaciones ambientalistas, indígenas y garífunas, estudiantiles y feministas, de las autodenominadas de sociedad civil, patronatos comunales, organizaciones eclesiales y una abundancia de asociaciones de base o cooperativas. Cada una anda en su propio camino, las relaciones son esporádicas o cuando existe algún interés coyuntural. En este estado, las organizaciones están expuestas a fuerzas extrañas a su identidad.

¿A qué fuerzas externas están expuestas las organizaciones sociales populares? Al carecer o contar con muy reducidas líneas horizontales, al no existir condiciones para la sinergia, la solidaridad y la complicidad entre iguales, la línea que se fortalece es la vertical. El estado de individualismo y de indefensión, la concepción de bastedad que se confunde con soberbia, convierte a las organizaciones sociales populares en terreno fértil para que otras instancias externas siembren y cosechen. Crece así la obediencia y el estado de subordinación a entes extraños, externos y superiores, como puede ser el partido político, el gobierno, la empresa privada, los organismos de cooperación internacionales y, sin ser perceptible, las instancias vinculadas con la criminalidad organizada.

Las convocatorias más exitosas son las lideradas por los organismos internacionales de cooperación. Aferradas al financiamiento que reciben, las organizaciones sociales populares suelen estar con puntualidad a estas convocatorias, y las dirigencias de las organizaciones se encuentran únicamente en estas convocatorias, se saludan físicamente e incluso se ponen de acuerdo en ambientes de concordias, seguramente sin caer en la cuenta que lo hacen más que por coordinar o establecer sinergias con sus pares, para quedar bien con el organismo donante convocador para así asegurar la continuidad del financiamiento para sus organizaciones.

Las organizaciones sociales populares acaban viendo más hacia arriba, hacia los donantes que garantizan salarios y el financiamiento de actividades, que hacia los lados, hacia sus pares que con el tiempo se van convirtiendo en competencia y con quienes disputan el financiamiento proveniente del exterior. Si se trata de organizaciones populares influenciadas por partidos políticos o el gobierno, la mirada no es tanto hacia los organismos donantes, sino hacia las dirigencias partidarias o hacia los más altos funcionarios públicos. De esta manera, el conjunto de las fuerzas que conforman las organizaciones sociales populares tienen un poder subsidiado y normalmente a remolque de otras fuerzas, sea del exterior, de la empresa privada, de partidos políticos o del gobierno. Su fuerza es muy precaria, sin capacidad para establecer relaciones con autonomía e independencia, o de incidir ante la sociedad y el Estado desde sus propias demandas. Su identidad queda muy disminuida ante las fuerzas y poderes del conjunto de la sociedad.

Segunda fuerza: los partidos políticos

Esta segunda fuerza es la que propugna por el acceso al poder del Estado a través de procesos electorales, y se alimenta de sectores sociales, comunitarios y del conglomerado de la sociedad. Se diferencia de las organizaciones sociales y populares en tanto que su propósito es ejercer poder desde la administración del Estado, mientras que las organizaciones sociales populares es la de ejercer poder desde la presión hacia el Estado desde la lucha social y la de canalizar sus demandas directamente o a través de los partidos políticos. Los partidos políticos son instancias estrictamente constructoras de poder y con frecuencia buscan ganar adeptos entre las organizaciones sociales, y en el caso hondureño, las estructuras partidarias no solo han penetrado a las organizaciones comunitarias, gremiales y sociales, sino que las han convertido en correas de transmisión de sus programas y de sus objetivos políticos.

Durante muchas décadas, los partidos políticos estuvieron estructurados en torno al partido Liberal y el partido Nacional, y en un modelo bipartidista co-gobernaron el país al menos por los últimos 40 años. Después del golpe de Estado de 2009, la configuración bipartidista se fue deslizando hacia nuevas propuestas partidarias, hasta que en las elecciones de 2021, el gobierno fue liderado por el Partido LIBRE que surgió de una amalgama de la escisión del partido Liberal y sectores de la izquierda tradicional hondureña, especialmente de los sectores que con el golpe de Estado se configuraron en el Frente Nacional de Resistencia Popular, y liderado por el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales. Fue así que un sector organizado popular pasó a convertirse en partido político, o dicho de otra manera, el movimiento social se convirtió en correa de transmisión de un partido, perdiendo así la naturaleza de su identidad como movimiento social.

Tercera fuerza: el gobierno

La tercera fuerza es el gobierno en sus tres poderes, reducido a administrar poderes que no necesariamente residen en la institucionalidad del Estado. Un gobierno en el cual se encuentran y se cruzan diversos poderes, incluyendo el frágil poder de los movimientos sociales, pero el que menos capacidad tiene de incidir en las decisiones de un gobierno que es como un pasillo por donde circulan los diversos poderes que existen en el país. En el actual período coyuntural la fuerza de los movimientos sociales es cuando mayor oportunidad tiene de vincularse con la fuerza del gobierno, sin que por eso llegue a ser fuerza decisiva, sino una más que circula por los pasillos de los tres poderes del Estado, especialmente por casa presidencial.

El gobierno es la fuerza llamada a atraer a las diversas fuerzas que en positivo pueden contribuir a la construcción de democracia, porque las necesita para la gobernabilidad, por ello estará en dependencia con la tensión armoniosa que la administración pública logre con las mismas. Sin el concurso de las fuerzas que impulsan o pueden impulsar democratización no puede existir gobernabilidad. La fuerza del gobierno está en su capacidad para alcanzar armonización de todas las fuerza de la sociedad y en liderar las mismas para neutralizar las fuerzas adversas y peligrosas al Estado de derecho y la democracia, como son los grupos fácticos del crimen organizado que buscan desde todo punto de vista arroparse con la institucionalidad del Estado para actuar, protegerse y consolidarse.

En esas circunstancias, el gobierno se fortalece como fuerza cuanto más de su parte tenga a los sectores sociales populares y por igual a los sectores de la empresa privada.  Y más se debilita cuanto menos de su parte tenga a esas fuerzas.  Su fuerza y legitimidad está condicionada a las otras fuerzas. Para el gobierno las dos fuerzas son imprescindibles, pero debía evitar inclinarse por alguna de ellas, puesto que la función gubernamental es la de representar al Estado ante toda la sociedad, pero preferentemente la de buscar respuestas a las demandas de los sectores más indefensos y vulnerables. En el actual período, el gobierno con su discurso progresista de izquierda y su propuesta en base a la consigna de socialismo democrático, ha logrado atraer a dirigentes de sectores populares, varios de los cuales se han convertido en empleados de alguno de los ministerios. Y al menos en los discursos públicos y los medios de comunicación, la fuerza de la empresa privada se siente menos representada, y hace ver que se siente amenazada en sus intereses. En el caso de la iniciativa de ley sobre la justicia tributaria, la fuerza de los sectores populares se siente más identificada mientras que la fuerza de la alta empresa privada se siente amenazada y atacada.

Cuarta fuerza: sector empresarial privado

La cuarta fuerza o poder es el que se identifica con la amplia gama de la empresa o iniciativa privada, sectores que van desde los agrupados en las estructuras formales de los gremios empresariales y de la empresa privada nacional hasta los sectores de inversión transnacionales y que se enlazan con los sectores privados que invierten en diversos campos del comercio, la banca, el turismo, la energía, las comunicaciones, el deporte, entre muchos otros. Es el que concentra la mayor cuota de poder y desde donde se toman las decisiones fundamentales, o el poder que pueden bloquear o boicotear decisiones que se tomen en alguno de los tres poderes del Estado.

Esta fuerza tiene a los inversionistas internacionales, a los que llamamos capital transnacional como sus aliados estratégicos, y con frecuencia en una alianza de subordinación, siendo eventualmente contrapartes en franquicias o asumiendo representaciones legales en diversas inversiones, como ocurre con la industria de las maquilas, en la industria turística, en corporaciones de comunicación, deportivas o inversiones en la agroindustria o minera, entre muchas otras. El capital privado nacional suele ser expresión de las corporaciones multinacionales. 

Estas fuerzas existen y se mueven buscando en unos casos complementarse, como es el caso de la fuerza de las organizaciones sociales en su relacionamiento con el gobierno, y como ocurre entre la fuerza que representa el gobierno con la fuerza de la gran empresa privada. El gobierno se constituye en punto de encuentro entre las otras dos fuerzas.  Tanto los movimientos sociales como los sectores privados buscan sacar ventajas en la relación con el gobierno para fortalecerse a sí mismos. Así el gobierno se encuentra y se mueve bajo la presión de las dos fuerzas, y a la vez busca sacar ventajas de las mismas para fortalecerse. De esa manera las tres fuerzas se necesitan mutuamente sin que necesariamente se complementen hacia objetivos comunes. El dinamismo gubernamental necesita de las dos fuerzas en un relacionamiento específico con cada una de ellas. Necesita del dinamismo de los movimientos sociales con el propósito aprovecharlas para legitimarse como fuerza que responde a los intereses populares., por eso mismo por activa o pasiva busca cooptar a dirigentes y organizaciones para que estén al servicio de los objetivos del gobierno y así mediatizar y neutralizar sus presiones. De igual manera, necesita de la fuerza que representan la empresa privada para capitalizar sus recursos a favor de la estabilidad social, económica y política y necesita tenerlas de su parte para evitar que actúen como fuerza desestabilizadora.

Ni las organizaciones sociales populares son el gobierno ni la empresa privada es el gobierno, pero la gobernanza se alcanza en la medida en que el gobierno lidera a ambas fuerzas y las tenga de su parte en orden a la construcción de políticas públicas a favor de las mayorías y de la soberanía nacional. De esta manera se puede entender que la democracia es la armonización de las diversas fuerzas que desde sus especificidades contribuyen a la construcción y sostenibilidad del Estado de derecho, algo parecido a lo que los teóricos llaman poliarquía, es decir, un gobierno que lidera a las diversas fuerzas de la sociedad, y así todas ellas tienen su participación en la dinamización de la sociedad.

Quinta fuerza: el crimen organizado

En Honduras, existe una quinta fuerza, la que se agrupa en torno al crimen organizado. Esta fuerza ha pasado a tener poderes desmesurados, muy por encima del poder de las organizaciones sociales y populares, la empresa privada y del gobierno. Su poder es nacional, pero es también transnacional, con hilos y conexiones articuladas. Ha logrado penetrar a las otras fuerzas y tiene capacidad para neutralizar incluso al gobierno. Ha sido capaz de incursionar en la institucionalidad pública que ha logrado que el Estado de Honduras sea internacionalmente catalogado como narco Estado. Esta fuerza de la criminalidad organizada hace relación a los diversos actores que se mueven en los corredores subterráneos de la ilegalidad, pero su poder aumenta en la medida en que tiene más capacidad para “lavar” su presencia a través de las estructuras legales públicas y privadas.

Actores que engrosan estas fuerzas delictivas: es el narcotráfico, pero igualmente son las maras y pandillas, el tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de bienes naturales, como madera, minería, el contrabando desde el menudeo hasta el de gran escala. Hace referencia igualmente a la actividad delictiva que se realiza al interior de instituciones públicas, como energía, tráfico de influencias. Uso de instituciones públicas y privadas para delinquir. Son actores que no necesariamente están enlazados, pero existen hilos visibles e invisibles que se inscriben en un ambiente de corrupción e impunidad que baña el conjunto de la institucionalidad del Estado y también de la empresa privada.

En un período de inestabilidad como el actual, el gobierno no alcanza capacidad para armonizar las fuerzas sociales populares y las fuerzas de la empresa privada, y esto genera mayor confusión cuando las fuerzas de la criminalidad organizada están coludidas con sectores de la empresa privada para impedir que el gobierno pueda ejercer gobernabilidad. Las fuerzas del crimen organizado buscan promover el caos e impedir que la institucionalidad pública se fortalezca, puesto que así se beneficia. Cuanto más frágil es el gobierno, y en tanto sea más inestabilidad más ventaja tienen estas fuerzas.

De entre todas, las fuerzas de la criminalidad organizada han ganado mayor capacidad de incidencia, lo cual significa que el país está expuesto a un torbellino de creciente inestabilidad, porque ese es el terreno fértil para las operaciones subterráneas de los diversos actores de la ilegalidad. Estas fuerzas ejercen presiones y chantajes especialmente ante las fuerzas del gobierno y de la empresa privada. El poder del crimen organizado aumenta cuando cruza y se instala en estructuras que oficialmente representan la democracia y el Estado de derecho. Es cuando el crimen organizado penetra los partidos políticos, como es el caso evidente del Partido Nacional que durante muchos años ha canalizado intereses expresos del narcotráfico, pero que igualmente el sistema de justicia y del Ministerio Público se han convertido en correas de trasmisión de intereses de grupos criminales. Cuando sectores empresariales y dirigentes de partidos políticos se han confabulado, como ocurre en el actual período en Honduras, es cuando esas fuerzas nocivas quedan identificadas como grupos de poder fáctico, es decir, que han desarrollado capacidades para incidir por encima de los poderes formales de la democracia y del Estado de derecho.

¿Cuál debía ser la fuerza armonizadora?

Las fuerzas de los sectores sociales populares son las más débiles y vulnerables, sin capacidad de incidir por su cuenta ante las otras fuerzas, y acaba siendo víctima de ellas, por una parte del gobierno porque con su discurso populista ha logrado la cooptación de un alto porcentaje de sus dirigentes y organizaciones, lo cual redunda en su fragilidad y dependencia, y por otra parte, estas fuerzas sociales son amenazadas y viven bajo el miedo inducido por quienes conducen las empresas extractivas que se mueven bajo la legalidad que les otorga el Estado.

En condiciones de democracia y con una institucionalidad en donde funciona la justicia, el gobierno debía ser la fuerza más importante y con capacidad para armonizar a las fuerzas de la empresa privada y de los sectores sociales populares. En condiciones de gobernanza el liderazgo lo ejerce el gobierno en tanto representante del Estado. Las otras fuerzas quedan subordinadas al gobierno, y cada una de ellas ejerce incidencia desde los intereses que representan. Cuando el gobierno pierde el liderazgo o se anula su capacidad de interlocutor, la gobernanza se pone en peligro y el riesgo de la ingobernabilidad aumenta. Las tres fuerzas así actuando acaban siendo corresponsables sin que ninguna de ellas anule la identidad de las demás. Las tres fuerzas se necesitan mutuamente, y tanto el poder de las fuerzas populares como el poder de la empresa privada dan su aporte desde su especificidad, y ambas reconocen su subordinación al poder del gobierno.

Desbalance entre fuerzas positivas a favor de fuerzas perniciosas

En condiciones de gobernabilidad, el poder del gobierno en sintonía con los otros dos poderes han de tener capacidad para neutralizar otras fuerzas oscuras, que siempre podrán existir, pero sin ninguna capacidad para incidir en el gobierno y en las otras dos fuerzas como para ponerlos en peligro. Siendo poderes existentes y generalmente ocultos, por existir en el ámbito de la ilegalidad, no podrán tener capacidad para pasar por encima de la institucionalidad de justicia. Siempre tendrán que ser poderes perseguidos y estarán en estado de marginalidad, porque su presencia y actividad es completamente perniciosa para la democracia y el Estado de derecho. Los poderes ocultos o crimen organizado atentan contra la gobernanza y los poderes legalmente instituidos y que se han establecido en base a consensos ciudadanos expresados en las elecciones y el sistema republicano.

En Honduras las fuerzas de la democracia y el Estado de derecho han sucumbido ante las perniciosas fuerzas de la criminalidad organizada, y se ha roto el equilibrio entre las cuatro fuerzas, tanto que el poder del gobierno se encuentra notablemente cuestionado y la relación del mismo con las fuerzas populares, los partido políticos y la empresa privada están desequilibradas, y con rasgos evidentes de estar en desigualdad de condiciones ante las fuerzas que atentan contra la democracia. En la actualidad este desequilibrio se expresa además en el entrecruce que existe entre las fuerzas llamadas a construir democracia y las perniciosas fuerzas criminales.

Existen señales de que el crimen organizado ha permeado estructuras del Estado, tanto así que el Ministerio Público ha estado liderado por un Fiscal General y su Adjunto que antes de responder a sus funciones constitucionales han sido correas de transmisión del narcotráfico y de otros líneas criminales; lo mismo se puede decir de la estructura policial que en no pocas ocasiones no se acaba de saber dónde está la línea divisoria entre la función policial conforme a mandato constitucional y donde empieza el control del crimen organizado, o de los grupos de poder fáctico como quedó anotado anteriormente, factor decisivo para la inestabilidad y la ingobernabilidad.

Lo mismo se puede decir de la adulteración de la función de sectores pertenecientes a la empresa privada. Se sabe de sectores de la banca que se han convertido en limpiadores de capitales sucios o de empresas de muy diversa índole vinculadas a negocios en asocio con líderes del narcotráfico, del contrabando o de otros sectores que se mueven en los corredores subterráneos del crimen. Sectores empresariales que sirven de mampara para negocios oscuros. Es decir, las fuerzas del crimen organizado han penetrado a las fuerzas del gobierno y de la empresa privada adulterando o reduciendo sus funciones al servicio de la democracia.    

En las condiciones actuales, todas las fuerzas generadoras de democracia están permeadas por el crimen organizado. A lo largo de toda la segunda década del siglo, el gobierno estuvo tan profundamente invadido por el narcotráfico que uno de los mayores líderes de carteles, fue primero presidente del Congreso Nacional y luego presiente de la República, ganándose así el calificativo de “narco Estado”, y el Partido Nacional ha sido identificado no solo estructura corrupta, sino también criminal, al menos por quienes ha sido liderado. Con el cambio de administración pública se han dado pasos para reducir esta influencia y presencia, pero el tráfico de droga, el cultivo masivo de coca y de otros estupefacientes, así como la incidencia de otros actores delincuenciales siguen ejerciendo un liderazgo muy fuerte en el gobierno, en la empresa privada y también entre al menos algunos grupos de entre los sectores populares.

De igual manera, la fuerza de la empresa privada está sometida al poder del crimen organizado, se conoce que entre altos potentados circulan capitales e inversiones que responden a intereses oscuros, y no pocas de las empresas de capital privado así como la banca se utilizan para el lavado de dineros provenientes de la criminalidad organizada.

Mientras persista este evidente desbalance y sobre todo la penetración del crimen organizado, la ingobernabilidad seguirá siendo el rasgo más importante de la sociedad hondureña, y la población estará sometida a las dinámicas de la violencia, la corrupción, la impunidad y la ilegalidad. De entre todas las fuerzas la más frágil y desarticulada es la fuerza de los sectores sociales populares y por eso mismo vulnerable tanto ante las fuerzas del gobierno como de la empresa privada, y ante el acecho de las diversas expresiones de las fuerzas de la criminalidad organizada. Aunque el gobierno sostenga un discurso de izquierda, las demandas de los sectores populares no están atendidas o se responden de acuerdo a los intereses del gobierno o los dirigentes son cooptados para que respondan a intereses partidarios o de intereses de quienes tienen más poder dentro del partido y eventualmente del gobierno.

Los sectores populares avalan y fortalecen al gobierno, pero el gobierno no siempre avala o responde a las demandas populares. Hay una relación asimétrica, es más el beneficio que el gobierno recibe de las organizaciones populares que los beneficios que las mismas reciben del gobierno. El gobierno se beneficia de las dirigencias del movimiento popular en la medida que neutraliza o manipula sus intereses, mientras que las dirigencias populares no solo no tienen capacidad de manipular al gobierno, sino que acaban siendo correas de transmisión de los intereses oficiales. Mientras las dirigencias y las organizaciones populares pierden fuerza, la poca que tienen es utilizada para dar sostén a las políticas y programas oficiales.

Alcanzar armonía entre fuerzas constructoras de democracia, tarea política estratégica

Romper con ese desequilibrio entre las diversas fuerzas existentes es una de las tareas políticas esenciales en el actual período. Alcanzar una relación armónica entre las fuerzas de poder constructoras de democracia y Estado de derecho y que el gobierno alcance el lugar para liderar a la sociedad, es condición para combatir con éxito al crimen organizado en sus distintas expresiones. Esto supone que tanto las fuerzas de los sectores sociales populares como las fuerzas de los partidos políticos y las fuerzas de la empresa privada adquieran su propio liderazgo, inciden en la sociedad con sus propias demandas, pero sobre la base de la aceptación del juego democrático de subordinación al liderazgo del gobierno en sus dimensiones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esto supone recuperar la función del sistema de justicia, y en general de los tres poderes del Estado, para que juntas y en complementariedad las tres fuerzas ejerzan el poder de la democracia, y adquieran capacidad de contrarrestar la perniciosa fuerza del crimen organizado en sus diversas expresiones. Cada una de las fuerzas ha de alcanzar identidad, autonomía e independencia frente a las otras fuerzas, lo que supone evitar subordinación o cooptación por parte de las otras fuerzas, especialmente el gobierno ha de adquirir poder suficiente para liderar a las otras fuerzas, y juntas reducir el poder de las fuerzas perniciosas para avanzar hacia escenarios de construcción positiva de gobernanza desde la democracia y Estado de derecho.